Así lo ha anunciado su consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha asegurado que el objetivo de estas convocatorias es proteger la viabilidad económica de aquellas explotaciones agrarias que trabajan en condiciones más exigentes, ya sea por limitaciones ambientales o geográficas, de manera que se evite la pérdida de actividad y, con ella, el abandono rural.

En primer lugar, el Ejecutivo regional ha aprobado la convocatoria de pagos compensatorios vinculados a la Red Natura 2.000, en concreto a las ZEPA de ambientes esteparios, con una inversión de 8,2 millones de euros. Estas zonas, creadas por la Directiva Aves de la Unión Europea, tienen como finalidad conservar especies de aves silvestres y los hábitats clave para su reproducción o migración.

Esta línea se dirige a agricultores y agricultoras que desarrollan su actividad en estas zonas de alto valor ambiental y que, por tanto, asumen limitaciones y obligaciones específicas para proteger su biodiversidad. Entre ellas, según ha ejemplificado la portavoz, se encuentran restricciones en determinados periodos y obligaciones de manejo compatibles con la conservación. Unas exigencias que pueden resultar en un menor rendimiento y que, por ello, llevan aparejada una compensación económica que reconoce el esfuerzo que realizan en favor del patrimonio natural.

La cuantía de la ayuda en 2026 será de 192,90 euros por hectárea, según ha desvelado Padilla, y beneficiará a alrededor de 1.200 titulares de explotaciones agrarias situadas en estas zonas de especial protección.

Zonas alta montaña

Por otro lado, el Gobierno regional ha convocado también los pagos compensatorios para explotaciones en zonas de montaña, por un importe superior a seis millones de euros. Estos territorios afrontan desventajas naturales, entre las que Padilla ha señalado pendientes muy acusadas, altitud, climatología adversa o mayor fragmentación de las parcelas. “Todo ello provoca mayores costes de producción y menor productividad, que pueden suponer el abandono de la actividad económica en estas zonas”, ha incidido la portavoz. En este caso, la ayuda se sitúa en 66 euros por hectárea y se pretende alcanzar a unas 3.000 fincas.

La consejera ha concluido que Castilla-La Mancha trabaja por un modelo de desarrollo rural que proteja la biodiversidad y la naturaleza, al tiempo que impulsa una protección ambiental que tenga en cuenta la realidad económica del territorio.