El sindicato, primer representante en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, considera que se trata de un problema social de primer orden que requiere medidas “efectivas y contundentes” para frenar una tendencia que continúa al alza en el sistema sanitario público regional.

Más agresiones que en años anteriores

De acuerdo con los datos del Registro de Episodios Conflictivos (REC) del Sescam, los 678 incidentes contabilizados hasta noviembre se reparten en 437 en Atención Primaria, 236 en Atención Especializada y 5 en otros servicios. A falta de los datos de diciembre, el sindicato prevé que se superen los 696 casos registrados en 2024, confirmando la tendencia creciente de los últimos años: 646 en 2023, 623 en 2022, 560 en 2021, 519 en 2020 y 424 en 2019.

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, ha señalado que “ningún trabajador que se dedica a cuidar y atender a la ciudadanía debería verse expuesto a situaciones de violencia”, y ha insistido en que los centros sanitarios deben ser espacios seguros tanto para profesionales como para pacientes.

CSIF pide vigilancia, alarmas y más medidas de seguridad

En la nota, el sindicato reclama al Sescam la adopción de medidas concretas, entre ellas la presencia de personal de seguridad en todos los centros, especialmente en aquellos con mayor conflictividad o en determinadas franjas horarias, así como la creación de la figura de centro con mayor peligrosidad para reforzar la protección donde se registren más incidentes.

También propone la instalación de alarmas individuales, botones del pánico, cámaras de seguridad, protocolos de actuación ante agresiones y una mayor coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en visitas domiciliarias o servicios con mayor riesgo.

CSIF subraya además la necesidad de campañas de concienciación social para recordar que agredir a un profesional sanitario puede conllevar sanciones graves e incluso penas de prisión, y ha elaborado una guía de actuación para los trabajadores que sufran insultos, amenazas o agresiones físicas en el ejercicio de su labor.