El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido presentar un recurso judicial para modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, ante el incumplimiento de los caudales ecológicos del río Tajo y la falta de respuesta del Ejecutivo central. Así lo ha anunciado este miércoles en Toledo la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha defendido que se trata de una actuación “coherente y responsable” basada en el cumplimiento de la ley.

Según ha explicado Padilla, esta decisión llega tras 16 meses de “silencio e inmovilismo” del Gobierno central, al que el Ejecutivo autonómico había instado a adaptar las normas del trasvase conforme a las sentencias del Tribunal Supremo y la legislación vigente. “No estamos ante una discusión política, sino ante una obligación legal y medioambiental”, ha subrayado.

Recurso ante la falta de respuesta

En la información remitida por el Gobierno regional, la portavoz ha señalado que el recurso responde directamente al incumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo, fijados tanto por ley como por resoluciones judiciales. En este sentido, ha recalcado que la Junta mantiene su disposición a retirar la demanda si el Ejecutivo central adopta las medidas necesarias.

Padilla ha criticado además la falta de interlocución institucional, asegurando que en este tiempo no se ha producido ningún avance ni respuesta oficial por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Defensa de la “solidaridad” regional

La consejera también ha rechazado las críticas procedentes del Levante, que acusan a Castilla-La Mancha de insolidaridad. Frente a ello, ha recordado que la región “lleva siendo solidaria 47 años” a través del trasvase Tajo-Segura, con un total de 15.148 hectómetros cúbicos transferidos.

Según ha destacado, esa cantidad de agua habría permitido abastecer a toda España durante seis años, lo que, a su juicio, demuestra que la posición del Ejecutivo autonómico “no es falta de solidaridad, sino todo lo contrario”.

Finalmente, Padilla ha insistido en que la reclamación del Gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se basa en un principio claro: el desarrollo de una comunidad autónoma no puede sostenerse a costa del perjuicio continuado de otra, reiterando que la postura regional responde exclusivamente a criterios legales, medioambientales y de defensa de sus intereses.