La investigación, denominada operación “QUACKERS”, se inició tras la denuncia presentada en marzo por la víctima de la supuesta suplantación de identidad. A partir de ahí, agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza recopilaron documentación en la sala de tratamiento para verificar los hechos denunciados.

Según la Guardia Civil, los investigados utilizaban los datos de una persona que contaba con la formación necesaria para certificar la seguridad alimentaria de las piezas abatidas. De este modo, podían amparar tanto la primera inspección sanitaria como el transporte de la caza menor hasta las instalaciones donde posteriormente era procesada y puesta a la venta para el consumo humano.

Una práctica habitual

Las declaraciones recogidas durante la investigación apuntan, según el comunicado oficial, a que no se trataba de hechos aislados, sino de una práctica habitual destinada a proporcionar “blindaje legal” a la actividad desarrollada en estas instalaciones.

La Guardia Civil recuerda que estas actuaciones no solo podrían constituir delitos continuados de usurpación de estado civil y falsificación documental, sino que además suponían un posible riesgo para la salud pública, al impedir detectar posibles patologías en las piezas de caza antes de su comercialización.

Diligencias remitidas a los tribunales

Durante el pasado mes de abril, y una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes procedieron a investigar a tres personas como presuntas autoras de delitos continuados de falsificación documental y usurpación de identidad.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a los Tribunales de Instancia de La Carolina (Jaén).