Según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa, el procedimiento pretende recabar las aportaciones de ciudadanos, profesionales, organizaciones y entidades vinculadas al ámbito agrario y agroalimentario antes de la redacción definitiva del texto legal. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 8 de junio de 2026 a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

La nueva ley sustituirá a la Ley 7/2007, vigente desde hace casi dos décadas, y responderá a los cambios introducidos en los reglamentos europeos relacionados con la calidad agroalimentaria. Entre sus objetivos figura garantizar la calidad y conformidad de los productos producidos, almacenados o distribuidos en la región, así como mejorar la trazabilidad, el etiquetado y los sistemas de control.

Impulso a las figuras de calidad

Uno de los aspectos centrales de la futura normativa será el fortalecimiento de las figuras de calidad diferenciada, entre ellas las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).

La ley adaptará la regulación autonómica al actual reglamento europeo e incorporará la posibilidad de que estas figuras cuenten con agrupaciones de productores reconocidas. Asimismo, regulará la fase preliminar nacional para la inscripción, modificación o cancelación de estas figuras en los registros de la Unión Europea, estableciendo procedimientos y plazos específicos en el ámbito regional.

Más transparencia y promoción de los productos regionales

El texto también contempla nuevas herramientas para poner en valor los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y regular aspectos relacionados con la artesanía alimentaria. Además, clarificará las funciones de los distintos agentes que intervienen en los controles oficiales, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos, la lealtad en las relaciones comerciales y la veracidad de la información ofrecida a los consumidores.

Junto a ello, la futura norma incluirá medidas de fomento de la calidad agroalimentaria y acciones específicas de promoción para los productos amparados por figuras de calidad diferenciada.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico subraya su apuesta por la participación ciudadana en la elaboración de las normas, incorporando la experiencia y el conocimiento de los diferentes actores implicados en el sector agroalimentario regional.