TOLEDO. Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA Castilla-La Mancha han reclamado una posición unánime de las Cortes regionales frente a los recortes previstos en el actual proceso de planificación hidrológica y trasladarán a los grupos parlamentarios una propuesta conjunta para defender el regadío, los derechos de agua de agricultores y ganaderos y el futuro del medio rural de la comunidad autónoma.

La petición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, quienes han mostrado su "máxima preocupación" por unas medidas que consideran un "ataque directo y desproporcionado" al sistema productivo agrario de la región. La información procede de una nota de prensa conjunta difundida por ambas organizaciones agrarias.

Una declaración institucional en defensa del campo

Fresneda explicó que el objetivo es alcanzar un consenso entre los tres grupos con representación parlamentaria para impedir que el cuarto ciclo de planificación hidrológica salga adelante "tal y como está planteado". Asimismo, avanzó que también pretenden actuar en las instituciones europeas para tratar de prorrogar la aplicación de la Directiva Marco del Agua.

El dirigente agrario apeló a la "unidad social" y recordó que la función de las organizaciones agrarias es defender los intereses de agricultores y ganaderos. Además, señaló que Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha respalda esta posición y participará en la presentación pública del documento ante las Cortes regionales.

Por su parte, Morcillo denunció que la propuesta de planificación prioriza las necesidades del Levante español y alertó de sus efectos sobre la región. Según detalló, en la cuenca del Guadiana, donde se concentra un tercio de la población castellano-manchega, el plan afectaría a 340.000 hectáreas de regadío, equivalentes al 58 por ciento de la superficie regada de Castilla-La Mancha, y podría convertir en secano al 34 por ciento de esos terrenos.

Millonarias pérdidas económicas

Las organizaciones agrarias cifran las consecuencias económicas de estos cambios en 213 millones de euros anuales en valor de producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros y una pérdida patrimonial para los agricultores de 1.500 millones de euros derivada del descenso del valor de las tierras al pasar de regadío a secano.

ASAJA y UPA han solicitado formalmente a los grupos parlamentarios que asuman el documento elaborado conjuntamente y promuevan una Declaración Institucional en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para instar al Gobierno de España a paralizar los recortes previstos y buscar soluciones que compatibilicen los objetivos medioambientales con la continuidad de la actividad agraria y ganadera.

Ambas organizaciones sostienen que los sucesivos procesos de planificación hidrológica han perjudicado históricamente a Castilla-La Mancha y advierten de que las nuevas medidas podrían traducirse en una reducción drástica de las concesiones y dotaciones de agua, la conversión irreversible de superficies de regadío en secano y la extinción definitiva de derechos de uso de agua.

Finalmente, ASAJA y UPA insistieron en que la defensa del agua "trasciende cualquier planteamiento político o partidista" y requiere una respuesta institucional "firme, coordinada y unánime" para salvaguardar la actividad económica, el empleo y la fijación de población en el medio rural castellano-manchego.