Según explican, las entidades firmantes han recibido una respuesta que consideran "incompleta e insuficiente" a una solicitud de acceso a información pública sobre la situación real de la IVE en la comunidad autónoma. Entre los datos que reclaman figuran el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones fuera de la región, los recursos disponibles en la sanidad pública y las medidas concretas previstas para implantar el servicio.

Un anuncio sin garantías reales

Los colectivos consideran que los anuncios realizados por el Ejecutivo autonómico para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a hospitales públicos carecen de garantías de ejecución. Critican especialmente la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, al entender que supondría importantes problemas de accesibilidad para las mujeres de una comunidad extensa y dispersa territorialmente.

A su juicio, concentrar la actividad en un solo hospital obligaría a muchas pacientes a recorrer largas distancias y podría convertir ese centro en objetivo de grupos contrarios al aborto. Por ello, defienden que la prestación debe integrarse en las unidades de ginecología de los hospitales públicos de todas las provincias, acompañada de la formación necesaria para los equipos sanitarios.

Piden datos, plazos y compromisos concretos

La Plataforma sostiene además que recientes testimonios de profesionales sanitarios publicados por la Cadena SER desmontan uno de los argumentos utilizados durante años por la Administración regional: la supuesta inexistencia de personal dispuesto a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

Por este motivo, las organizaciones han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y reclaman la publicación de un calendario concreto para implantar esta prestación en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha. También exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real del servicio y que se adopten medidas para proteger tanto a pacientes como a profesionales frente a posibles actos de intimidación.

Las entidades firmantes concluyen que, tras más de quince años de vigencia de la ley y tres desde su reforma, Castilla-La Mancha "no puede seguir siendo una excepción", al considerar que la ausencia de esta prestación en la sanidad pública supone una discriminación territorial y una vulneración de un derecho reconocido legalmente.