El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado su rechazo frontal a la propuesta de reforma de la financiación autonómica planteada por el Ejecutivo central, al considerar que se ha negociado al margen del conjunto de las comunidades autónomas y que se sustenta en el denominado principio de ordinalidad, un criterio que, según la Junta, favorece a los territorios con mayor capacidad económica y vulnera los principios de igualdad y solidaridad.

Según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, trasladó esta postura tras la reunión mantenida en Madrid con responsables del Ministerio de Hacienda para abordar la futura reforma del sistema de financiación autonómica.

Críticas al procedimiento seguido por el Gobierno central

Ruiz Molina cuestionó la utilidad del encuentro al considerar que se ha producido de forma tardía, cuando las principales decisiones ya habrían sido adoptadas. En este sentido, defendió que las comunidades autónomas deberían haber sido consultadas antes de que el Ejecutivo central alcanzara acuerdos con una comunidad concreta y antes de presentar públicamente su propuesta.

El consejero aseguró que Castilla-La Mancha acudió a la reunión por “lealtad institucional y por educación”, aunque lamentó que el diálogo se produzca una vez cerrados acuerdos previos que, a su juicio, condicionan el resultado final del proceso.

Defensa de la igualdad en los servicios públicos

Durante su intervención, Ruiz Molina reiteró su oposición al principio de ordinalidad, al entender que permitiría que las comunidades con mayor capacidad tributaria conservaran una posición privilegiada en términos de financiación. Para el Gobierno regional, este planteamiento supondría asumir que los ciudadanos de los territorios más ricos pueden acceder a mejores servicios públicos.

Frente a ello, defendió un modelo basado en el principio de igualdad y en el coste efectivo de prestación de los servicios públicos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la extensión territorial o el envejecimiento de la población.

Como ejemplo, recordó que una ciudad como Fuenlabrada, con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, presta la Atención Primaria con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.

El consejero concluyó calificando la propuesta de financiación como un modelo “injusto” que, a su juicio, busca satisfacer las demandas de una comunidad autónoma concreta. Además, insistió en que Castilla-La Mancha apuesta por un sistema que garantice los mismos servicios públicos para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia o de la capacidad económica de su territorio.