El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, una nueva norma que sustituirá a la vigente desde 2011 y que busca reforzar la seguridad, garantizar la convivencia ciudadana y modernizar el sector, adaptándolo a los nuevos hábitos de ocio y a los procesos de digitalización administrativa. El texto será remitido a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que pueda entrar en vigor antes de que finalice el año.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presentó la iniciativa este martes en Toledo tras la reunión del Consejo de Gobierno. El responsable regional destacó que la futura ley pretende garantizar el derecho al ocio sin menoscabar el derecho al descanso de la ciudadanía, al tiempo que refuerza la seguridad y el orden público en el desarrollo de espectáculos públicos y actividades recreativas.

La nueva regulación sustituirá a la Ley 7/2011, vigente durante los últimos quince años, y actualizará un marco normativo que, según explicó Ruiz Molina, necesita adaptarse a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y administrativas.

Tres objetivos principales

El consejero detalló que la reforma responde a tres grandes objetivos. El primero es adaptar la normativa a los cambios experimentados en los hábitos de ocio y cubrir el vacío legal existente respecto a las actividades que se desarrollan en espacios abiertos.

El segundo persigue ofrecer una mayor seguridad jurídica, incorporando una regulación más precisa sobre cuestiones como el acceso de menores de edad o las funciones y requisitos del personal encargado del control de accesos.

Por último, la ley se orienta a profundizar en la digitalización y simplificación administrativa, facilitando la tramitación electrónica, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la coordinación entre la Junta de Comunidades y los ayuntamientos, que ejercen competencias directas en esta materia.

Una norma consensuada con el sector

Ruiz Molina subrayó que el proyecto ha sido elaborado con la participación de los principales actores implicados. Durante su tramitación se han mantenido reuniones con la Federación Regional de Empresarios de Hostelería de Castilla-La Mancha y con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP).

Asimismo, el texto ha recibido el visto bueno de órganos como el Consejo Regional de Diálogo Social, la Comisión Regional de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y el Consejo Regional de Municipios.

Novedades destacadas

Entre las principales novedades, la futura ley amplía su ámbito de aplicación para regular con mayor detalle los espectáculos y actividades recreativas celebrados en espacios abiertos. También refuerza la participación de administraciones y sectores implicados mediante la regulación específica de la Comisión Regional de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Otro de los cambios relevantes afecta al control de acceso, ya que se establecen requisitos concretos de formación y habilitación para el personal encargado de estas funciones. La acreditación será expedida por la Junta tras superar las pruebas que se determinen reglamentariamente.

La norma mantiene además el sistema general de declaración responsable previa para la celebración de actividades, reservando la autorización administrativa para aquellos casos en los que concurran razones relacionadas con la seguridad, el orden público, la salud o la protección medioambiental.

El proyecto incorpora igualmente un Plan de Inspección bianual, actualiza el régimen sancionador y revisa el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha. Asimismo, regula con mayor precisión los horarios de apertura y cierre, los horarios especiales y los procedimientos de desalojo de establecimientos.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional pretende dotar a Castilla-La Mancha de una herramienta normativa más adaptada a la realidad actual de un sector que, según destacó Ruiz Molina, genera empleo y riqueza y desempeña un papel relevante en la actividad económica y social de la comunidad autónoma.