Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha reclamado al Gobierno regional que declare zonas de mercado residencial tensionado, amplíe el parque de vivienda social y garantice alternativas habitacionales para las personas vulnerables afectadas por desahucios. La organización ha trasladado estas peticiones al consejero de Fomento, Nacho Hernando, mediante una carta en la que expone sus principales recomendaciones para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.

Según ha informado la propia organización en una nota de prensa, Castilla-La Mancha sigue sin aplicar una de las principales herramientas contempladas en la legislación estatal para contener los precios del alquiler y proteger a las personas inquilinas. A día de hoy, la comunidad autónoma no ha declarado ninguna zona tensionada pese al incremento registrado en los precios del alquiler y a las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en diversos municipios.

Amnistía Internacional destaca que algunos ayuntamientos ya han dado pasos en esta dirección. Es el caso de Cuenca, donde se ha elaborado y sometido a información pública un informe técnico para solicitar la declaración de zona tensionada, así como de Azuqueca de Henares, que ha impulsado iniciativas para preparar la documentación necesaria. La organización considera que estas actuaciones reflejan una preocupación real por la evolución del mercado residencial y recuerda que corresponde a la Junta ejercer las competencias que le atribuye la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Preocupación por la vulnerabilidad social

La entidad subraya que esta situación adquiere una especial relevancia en una comunidad autónoma que presenta elevados índices de vulnerabilidad social. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida citados por Amnistía Internacional, Castilla-La Mancha registra una tasa AROPE del 34%, por encima de la media nacional y entre las más altas del país.

La responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Rafaela Alonso, ha señalado que, en un contexto de pobreza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda, las administraciones públicas deben activar mecanismos para contener los precios cuando sea necesario y reforzar la protección de las personas más vulnerables.

La organización recuerda además que ya reclamó en mayo de 2024 la declaración de zonas tensionadas allí donde se cumplieran los requisitos legales y lamenta que, dos años después, esta herramienta continúe sin utilizarse en la región.

Déficit de vivienda social y desahucios

Otro de los aspectos que preocupa a Amnistía Internacional es la escasez de vivienda social en alquiler. Según los datos aportados por la organización, en Castilla-La Mancha existen unas 22.392 viviendas sociales sobre un parque total de aproximadamente 1,35 millones de viviendas, lo que representa apenas un 1,66% del total, una cifra similar a la media nacional y muy alejada de la media europea, cercana al 9%.

Asimismo, la organización insiste en que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad debería ser desalojada sin contar previamente con una alternativa habitacional adecuada. En este sentido, recuerda el caso de una madre y su hija menor desalojadas en Alovera y muestra su preocupación por varios procedimientos de desahucio en el edificio de VPO conocido como Yedra 8, en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia.

Entre las personas afectadas figura una familia monomarental con vulnerabilidad reconocida por los Servicios Sociales y un joven con una discapacidad del 56%, cuyo lanzamiento estaba previsto para este jueves, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos de Toledo.

Amnistía Internacional concluye reclamando un incremento sostenido del parque público y social de vivienda para ofrecer una alternativa real a quienes no pueden acceder a una vivienda adecuada a través del mercado privado y garantizar así el ejercicio efectivo de este derecho fundamental.