Un decreto con nuevas condiciones para las plantas

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, destacó el "diálogo abierto" mantenido con los representantes de las plataformas y explicó que el periodo de consulta pública permanecerá abierto hasta el 3 de julio. Posteriormente se abrirá una fase de información pública de 45 días naturales, en la que podrán presentar alegaciones las plataformas ciudadanas, los promotores de proyectos, los ayuntamientos y cualquier persona interesada.

Según defendió la consejera, el texto incorpora la resolución aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha y aspira a convertirse en "la normativa más garantista de Europa" para regular la implantación de plantas de biometano en la comunidad autónoma.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que los ayuntamientos puedan someter los proyectos a votación en sus respectivos plenos antes del inicio de la tramitación administrativa. Asimismo, el borrador establece que las futuras plantas deberán situarse, como mínimo, a dos kilómetros de los núcleos urbanos.

Otra de las medidas recogidas en el texto fija que el 80 por ciento de los residuos tratados deberá proceder de la propia comarca o de un radio máximo de 35 kilómetros, con el objetivo de limitar el transporte de residuos desde otras zonas.

Medidas para reducir el impacto ambiental

El borrador también incorpora requisitos dirigidos a minimizar las molestias derivadas de estas instalaciones. Entre ellos, el Gobierno regional destaca la obligación de implantar sistemas de tratamiento hermético de los residuos, balsas completamente cerradas para evitar emisiones de olores y la prohibición de transportar residuos por el interior de los núcleos urbanos.

Mercedes Gómez señaló además que todos los proyectos deberán adaptarse íntegramente a las exigencias del futuro decreto una vez entre en vigor. Para ello, dispondrán de un plazo de entre 12 y 14 meses para realizar las modificaciones necesarias.

La consejera estuvo acompañada durante la reunión por los directores generales de Calidad Ambiental y Transición Energética, Tomás Villarrubia y Alipio García, así como por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.