Las plataformas Stop Biometano Castilla-La Mancha y Stop Ganadería Industrial han asegurado, a través de un comunicado de prensa, que la futura normativa regional sobre plantas de biometano reconocerá el carácter vinculante de la decisión que adopten los ayuntamientos sobre estos proyectos. La afirmación se produce tras la reunión institucional mantenida el pasado 25 de junio con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez, en la que también se abordó la situación jurídica del Plan Regional de Biometanización y las principales líneas del futuro decreto que regulará esta actividad.

El Plan Regional, sin vigencia jurídica

Según explican las plataformas, durante el encuentro la consejera confirmó que el Plan Regional de Biometanización, junto con su Evaluación Ambiental Estratégica y su Declaración Ambiental Estratégica, carecen actualmente de efectos jurídicos al haber quedado invalidados. Las organizaciones consideran que esta circunstancia obliga a replantear el marco normativo y sostienen que la resolución aprobada por las Cortes regionales el pasado 28 de mayo resulta insuficiente para ofrecer las garantías jurídicas necesarias.

En el comunicado también se pone de manifiesto una discrepancia sobre el volumen de residuos que debe gestionar Castilla-La Mancha. Mientras la Consejería habría cifrado esa cantidad en 15,7 millones de toneladas, las plataformas sostienen que, de acuerdo con el Catálogo de Residuos de Castilla-La Mancha de 2020, los residuos realmente procesables rondan los 3,6 millones de toneladas, una diferencia que, a su juicio, afecta a la fundamentación técnica del modelo planteado.

Asimismo, defienden un sistema basado en instalaciones de proximidad frente al modelo de macroplantas centralizadas, que consideran condicionado por criterios económicos y por la cercanía a la red gasista. En este sentido, insisten en que su rechazo no se dirige al biometano como fuente de energía, sino al modelo de grandes infraestructuras asociado a la gestión de residuos.

Las medidas anunciadas para el futuro decreto

De acuerdo con la nota de prensa, la consejera avanzó algunas de las previsiones que recogerá el futuro decreto, entre ellas una distancia mínima superior a 2.000 metros respecto a los núcleos urbanos, la limitación del origen de los residuos a un radio máximo de 35 kilómetros, la paralización de los expedientes actualmente en tramitación, la anulación de las evaluaciones ambientales aprobadas y distintos periodos de adaptación para las instalaciones existentes.

Uno de los aspectos que las plataformas consideran más relevantes es el compromiso trasladado por la titular de Desarrollo Sostenible de que la decisión adoptada por el Pleno municipal, ya sea favorable o desfavorable, será determinante y plenamente vinculante para la Junta de Comunidades en la autorización de futuras plantas o macroplantas de biometano.

Las organizaciones señalan que esperan que este compromiso quede respaldado por un marco legal sólido que garantice su aplicación efectiva y evite conflictos con la legislación urbanística y estatal.

Por último, informan de que un grupo de técnicos y profesionales está elaborando un informe sobre alternativas para la gestión de residuos en Castilla-La Mancha sin recurrir a macroplantas, especialmente en relación con el impacto de la ganadería industrial. Además, aseguran que la consejera se comprometió a convocar una nueva reunión una vez se publique el borrador del decreto y antes de que concluya el periodo de alegaciones.

El comunicado concluye reiterando la petición de las 46 plataformas integradas en el movimiento para que se paralicen tanto los proyectos de macroplantas de biometano como las macrogranjas, reclamando un modelo de gestión de residuos que, según defienden, priorice la reducción del problema en origen y la protección del territorio.