El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio con el objetivo de seguir amortiguando el impacto económico del conflicto sobre hogares y empresas. Según ha informado el Gobierno de España en una nota de prensa, el paquete de medidas moviliza 1.825 millones de euros durante este año y contempla la continuidad de las ayudas a los carburantes, nuevas rebajas fiscales, apoyo a los sectores agrario y pesquero y medidas para impulsar la transición energética.

Rebaja escalonada del descuento al combustible

La principal novedad del decreto es la reducción progresiva de la bonificación sobre los carburantes para los consumidores. El descuento pasará de los actuales 20 céntimos por litro a 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, adaptándose así a la evolución de los mercados internacionales.

No obstante, el Ejecutivo incorpora una cláusula automática de reactivación que permitirá recuperar la ayuda de 20 céntimos si la inflación de los carburantes supera el 15 %. Ese mismo mecanismo se aplicará también a la electricidad y al gas en caso de un fuerte incremento de los precios.

Para los transportistas, agricultores y pescadores se mantiene íntegramente la ayuda equivalente a 20 céntimos por litro hasta el próximo 30 de septiembre, mientras que se refuerzan las líneas de apoyo destinadas al sector primario.

Más ayudas al campo y eliminación progresiva de un impuesto eléctrico

El decreto amplía en 165 millones de euros las ayudas para la compra de fertilizantes, elevando la cuantía total hasta los 665 millones, e incrementa las ayudas por hectárea tanto para cultivos de secano como de regadío.

Además, el Gobierno inicia la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE). El gravamen bajará del 7 % al 5 % en 2026, se reducirá al 3,5 % en 2027 y desaparecerá completamente en 2028, una medida que supondrá un ahorro fiscal estimado de 315 millones de euros este año.

La norma también concede mayores competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para vigilar la evolución de los precios de los carburantes y detectar posibles comportamientos anómalos en la cadena de distribución.

Por otra parte, el Ejecutivo mantiene durante todo 2026 el denominado escudo social, que incluye los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a los hogares vulnerables. Asimismo, continúan vigentes la prohibición de despedir por causas derivadas del conflicto para las empresas que reciban ayudas públicas y la obligación de contar con planes de movilidad sostenible para sus trabajadores.

Finalmente, el Real Decreto-ley incorpora medidas de carácter estructural para acelerar el despliegue de energías renovables, facilitar el desarrollo de proyectos de biogás, agilizar infraestructuras eléctricas y reforzar la soberanía energética española frente a futuras crisis internacionales.