Conmemoramos hoy, como cada 30 de junio, el Día del Parlamentarismo y lo hacemos en medio de un incremento de la crispación en las asambleas legislativas de nuestro país. Me gusta recordar que hace casi cien años el político, jurista e intelectual Fernando de los Ríos dijo que la revolución pendiente en nuestro país es la del respeto. Desgraciadamente, esta sentencia está más vigente que nunca.

Sufrimos una carencia evidente de respeto al adversario y al representado. Lo comprobamos en cada sesión del Congreso, la cámara con mayor resonancia, aunque también en el Senado y en el resto de las asambleas autonómicas. El cúmulo de salidas de tono hace que algunos episodios que deberían resultar inadmisibles -o como mucho ocasionales- resulten ya prácticas habituales. Solo en los últimos meses hemos visto a un diputado encararse con agresividad en la Mesa del Congreso a quien presidía en ese momento la sesión; cruces de acusaciones graves y sin pruebas de “asesino” o “criminal” entre sus señorías y, por citar solo algún fenómeno especialmente ruidoso, comunicadores reconvertidos en agitadores ultras que acosan a representantes públicos e impiden el trabajo verdaderamente útil del resto de periodistas.

El insulto se ha convertido en parte de la estrategia política de confrontación. Causa un bochorno insoportable ver hasta qué niveles se hace uso de exabruptos y los ataques indiscriminados. ¿Quién podía imaginar que la presidenta de una comunidad autónoma llamase “hijo de puta” al presidente del Gobierno de España en el propio Congreso y que, lejos de disculparse y rectificar, ironizase con ello una vez tras otra, o más recientemente le calificase de “sinvergüenza”, como si se tratase de algo convencional? Ya incluso hay ministros que hacen gala de un lenguaje más propio del ‘matonismo’ que del decoro.

Más allá de aceptar que los insultos son los argumentos de quienes, como diría Rousseau, “están equivocados”, enfangar el terreno de juego hasta esos niveles nos conduce justo al extremo opuesto al que deberíamos ocupar: nos estamos convirtiendo en un nuevo problema de la sociedad, en lugar de ser parte activa en la resolución de los problemas que ya existen. Y por eso resulta imprescindible recordar lo que debería ser obvio: se puede discrepar con los planteamientos del adversario, e incluso contestar con vehemencia sus posiciones, pero hay que hacerlo de manera respetuosa y ejemplar, sin perder de vista que nuestro paso por las instituciones debería mejorar la vida de la gente a la que representamos, algo imposible si perdemos las formas.

Lo expresó muy bien el sabio expresidente uruguayo Pepe Mujica: “el problema es ganar voluntades, no aplastar”. Pero parece obvio que estamos en una espiral constante de aplastamiento y que hemos renunciado a buscar los puntos de encuentro.

A menudo digo que en las Cortes de Castilla-La Mancha el nivel de decibelios aún sigue por debajo de la locura nacional y que disfrutamos de cierto microclima de moderación y entendimiento, pero me preocupa el deterioro que pueden conllevar la proximidad de las elecciones, que siempre predispone a las subidas de tensión, y la contaminación permanente a la que estamos sometidos por los comportamientos nacionales tan tóxicos.

Por otra parte, el método recurrente de algunos grupos de acusar con palabras tan gruesas como veto o censura a los órganos de dirección del parlamento por no admitir asuntos que son presentados a sabiendas de que no cumplen el Reglamento resulta una deslealtad y una falta de respeto con la institución. El código de circulación prohíbe saltarse los semáforos: nadie se puede rasgar las vestiduras por que le restrinjan la libertad de circulación cuando no se atienda a las normas. Quienes precisamente trabajamos produciendo leyes debemos ser especialmente escrupulosos con el cumplimiento de las reglas.  

Téngase en cuenta que en esta legislatura ha habido predisposición para acordar nuevas normas, y ese fue el ánimo con que avanzamos hasta que una de las partes acordantes ha decidido dar marcha atrás a los acuerdos adoptados. Me estoy refiriendo obviamente a la profunda Reforma del Estatuto de Autonomía pactada entre los dos grandes partidos y con la sociedad civil y que ahora ha quedado paralizada en el Congreso, con motivo de un cambio de postura por parte del PP.  Si no se han puesto en marcha nuevos mecanismos relativos al control al gobierno, ha sido exclusivamente porque los pactos en los que se enmarcaron han quedado dinamitados.

El problema de respeto alcanza por tanto al trato entre las personas que ejercemos en los parlamentos, a la palabra dada y votada en sede parlamentaria y al funcionamiento de las propias instituciones. Las faltas de respeto en cada uno de estos ámbitos nos llevan a reivindicar otro ejercicio del parlamentarismo. Y el mejor ejemplo lo tenemos en La Transición: hace 50 años nuestro país vivió un momento crucial, el paso de la dictadura a la democracia, y lo hizo en un ambiente de enorme agitación social. Lejos del idílico mito de una Transición pacífica, hay que recordar que había un clima de enormes hostilidades en las calles.

En este ambiente marcado por el terrorismo de ETA, Grapo y grupos de extrema derecha; con la heridas recientes de la Guerra Civil y de la durísima represión franquista; con amenazas de golpes de estado permanentes; con manifestaciones muy tensas, una severa crisis económica y decenas de muertos por violencia social cada año, los representantes políticos españoles supieron calmar los ánimos y tender puentes para llegar a acuerdos que han propiciado el mayor periodo de progreso, paz y bienestar de nuestro país. El papel de esa generación política resultó no solo determinante sino providencial. Cada una de las partes renunció a una victoria total -que en realidad era solo una victoria parcial- para pensar en el interés común. Con una mirada a largo plazo y por supuesto con respeto. Cuanto más se elevaba el volumen en la calle, más necesario fue rebajar el tono en los despachos y el Congreso para hacer posible un diálogo fructífero, porque se entendió que “el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido”.

Por eso merece la pena reivindicar la Transición política española, como vamos a hacer a la vuelta del verano desde las Cortes Regionales y el Gobierno Autonómico. Ojalá que esta mirada atrás nos inspire para retomar el espíritu constructivo con el que se debemos afrontar nuestro trabajo en los parlamentos. Una tarea que no solo debemos vivir como un privilegio, sino como una ocasión única para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

 

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha