Refuerzo de los tribunales de instancia

De acuerdo con la información facilitada por el Ejecutivo, de las 21 plazas judiciales aprobadas para Castilla-La Mancha, 18 se destinarán a tribunales de instancia, una corresponderá a la Audiencia Provincial de Toledo y otras dos serán plazas de adscripción territorial, que podrán redistribuirse en función de las necesidades derivadas de la carga de trabajo.

Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados figuran los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

El Ejecutivo destaca que, con esta incorporación, la comunidad creará en un solo año tantas plazas judiciales como las aprobadas durante la última década.

Más recursos para la Justicia

En el conjunto del país, el Gobierno ha aprobado la creación de 500 plazas judiciales y 200 plazas de fiscales, una ampliación que, según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, no tiene precedentes. El ministro Félix Bolaños calificó la medida de "hito histórico" durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y aseguró que nunca antes un Gobierno había impulsado una ampliación de esta magnitud.

Según la nota de prensa, esta ampliación se enmarca en la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye el modelo tradicional de juzgados unipersonales por tribunales de instancia con una única Oficina Judicial de apoyo. El Gobierno sostiene que este sistema permite crear nuevas plazas con un coste sensiblemente inferior al del modelo anterior.

En cuanto al Ministerio Fiscal, las 8 nuevas plazas para Castilla-La Mancha forman parte de las 200 creadas en toda España y servirán para reforzar áreas como los delitos de odio y discriminación, la trata de personas, la violencia sobre la mujer, la cooperación penal internacional, la criminalidad informática y la protección de datos.

El Gobierno señala que la distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población, además de las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.