Menos abogados para atender la misma carga de trabajo

El decano del Colegio, Cipriano Arteche, alertó de que, si los poderes públicos no mejoran "de forma drástica y definitiva" las condiciones del Turno de Oficio, especialmente mediante una reforma del sistema de retribuciones, el número de profesionales continuará disminuyendo y el servicio público podría dejar de garantizar una atención adecuada a la ciudadanía en los próximos años.

Entre las principales demandas, el Colegio reclama una actualización de los baremos, el abono de todas las actuaciones que realizan los letrados y unas condiciones que hagan sostenible el ejercicio de este servicio público.

Arteche calificó de "alarmante" la reducción del número de abogados adscritos al Turno de Oficio tanto en la provincia como en Castilla-La Mancha y el conjunto del país, una situación que, a su juicio, debería hacer reflexionar sobre la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial para el Estado de derecho.

Los datos expuestos reflejan esa tendencia. En la provincia de Ciudad Real se ha pasado de 288 abogados adscritos al Turno de Oficio en 2022 a 252 en 2025, mientras que a 1 de julio de 2026 la cifra se sitúa en 235 profesionales. Todo ello, pese a que el volumen de asuntos atendidos se mantiene e incluso aumenta en algunos ámbitos, tanto en procedimientos judiciales como en las asistencias de guardia.

Reivindicaciones para garantizar el servicio

Durante el acto, el vicedecano, Óscar Ruiz, presentó algunos de los datos correspondientes a la provincia de Ciudad Real incluidos en el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita.

La jornada concluyó con una concentración de protesta frente a la sede colegial, donde el decano dio lectura al Manifiesto del Día del Turno de Oficio. En él se reclamó a las administraciones un compromiso real, inmediato y sostenido con la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, mediante la aprobación de una nueva Ley de Justicia Gratuita, una financiación suficiente, retribuciones dignas y actualizadas automáticamente, la eliminación de los desequilibrios territoriales, un mayor reconocimiento institucional y la adopción de medidas urgentes que eviten el deterioro irreversible del servicio.