La Comisión Europea ha impuesto este jueves a Google una multa total de 890 millones de euros por incumplir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), al considerar que la compañía favoreció de forma ilegal sus propios servicios en Google Search y restringió a los desarrolladores de aplicaciones la posibilidad de dirigir a los usuarios hacia canales de compra alternativos. La decisión ha sido anunciada por el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Dos infracciones y dos sanciones

La primera de las sanciones asciende a 460 millones de euros y responde a la práctica de autopreferencia en Google Search. Según la investigación de la Comisión, la empresa mostraba sus propios servicios —como compras, hoteles, transporte o resultados deportivos— con mayor visibilidad que los de terceros, situándolos en posiciones destacadas de la página de resultados y dotándolos de elementos visuales que no estaban disponibles para la competencia.

Bruselas concluye que esta conducta vulnera el Reglamento de Mercados Digitales, que obliga a los llamados guardianes de acceso a aplicar criterios transparentes, justos y no discriminatorios en la clasificación de los resultados de búsqueda.

La segunda multa, de 430 millones de euros, está relacionada con las restricciones impuestas en Google Play. La Comisión considera probado que Google impedía a los desarrolladores informar libremente a los usuarios sobre ofertas alternativas, en muchos casos más económicas, y redirigirlos hacia otros canales de compra fuera de la tienda oficial.

Además, el Ejecutivo europeo estima que las comisiones aplicadas por Google en estos procesos de redirección y el tiempo durante el que las cobraba excedían lo permitido por la legislación comunitaria.

Google deberá corregir las prácticas en 60 días

Junto a las sanciones económicas, la Comisión Europea ha ordenado a Google poner fin a estas prácticas en un plazo máximo de 60 días.

Entre las medidas exigidas figura que los servicios de terceros reciban un tratamiento justo y no discriminatorio en los resultados del buscador y que los desarrolladores puedan comunicar, promocionar y formalizar contratos con los usuarios tanto dentro como fuera de Google Play, sin obstáculos técnicos o contractuales.

La Comisión ha señalado que Google ya ha comenzado a probar algunos cambios en la presentación de servicios como compras, hoteles o vuelos, así como modificaciones en los anuncios relacionados con contenidos deportivos y en sus políticas de redirección. Bruselas continuará supervisando estas medidas para verificar si cumplen plenamente con la normativa europea.

En caso de no adaptarse a las decisiones adoptadas, Google podría enfrentarse a multas coercitivas de hasta el 5 % de su volumen de negocios mundial.

La investigación se inició en marzo de 2024, después de que Google fuera designada como guardián de acceso en septiembre de 2023. Tras comunicar sus conclusiones preliminares en marzo de 2025 y analizar las alegaciones presentadas por la compañía, la Comisión ha adoptado ahora las dos decisiones definitivas, que Google todavía puede recurrir.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, aseguró que los mejores productos "deben tener éxito porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda", mientras que la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, afirmó que la decisión demuestra la determinación de la Unión Europea para hacer cumplir el Reglamento de Mercados Digitales y proteger la competencia y la innovación.