Hay imágenes que cuesta mirar. Y hay otras que, además de doler, deberían obligarnos a pensar. Este verano, una niña de once años fue agredida en Moguer por otras cuatro menores. La golpearon por turnos mientras otras grababan, reían y jaleaban. Una de las agresoras llegó a preguntarle, entre carcajadas: «¿Y ahora te pones a llorar?». El vídeo terminó circulando por las redes sociales y la Guardia Civil identificó a las responsables.

La Fiscalía archivó las actuaciones al constatar que las menores tenían menos de catorce años y, por tanto, no podían responder penalmente conforme a la Ley del Menor. El asunto pasó a los Servicios Sociales. Que un hecho no pueda tener una respuesta penal no significa que no deba tener consecuencias educativas, familiares y sociales. Y ahí está, a mi juicio, el verdadero debate.

La inimputabilidad no puede convertirse en ausencia de responsabilidad

No voy a entrar en si debe modificarse la edad a partir de la cual un menor puede responder penalmente. Es un debate jurídico que corresponde a juristas y legisladores. Pero sí creo que debemos hablar de algo que va mucho más allá de la ley: la responsabilidad que tenemos como sociedad para enseñar a un menor que sus actos tienen consecuencias.

Un niño puede no ser responsable penalmente de sus actos y, al mismo tiempo, necesitar una intervención educativa seria. No para castigarlo, sino para que comprenda qué ha hecho, a quién ha hecho daño y por qué aquello no puede volver a ocurrir. España tuvo durante décadas un ejemplo conocido de esta filosofía en el juez Emilio Calatayud, cuyas sentencias buscaban que los menores se enfrentaran de una manera pedagógica a las consecuencias de sus actos. Dar clases de informática, colaborar con servicios públicos o visitar una planta hospitalaria podían formar parte de esas medidas.

La idea es sencilla: si queremos que un menor aprenda, tiene que comprender. Y para comprender, a veces hay que mirar de frente aquello que ha hecho.

Proteger a un hijo no significa justificarlo

Aquí llega una de las partes más incómodas. Cuando un menor agrede, la primera reacción de una familia debería ser protegerlo, sí. Pero proteger no significa justificar. «Mi hijo no sería capaz de hacer eso», «algo habrá pasado» o «en el instituto le tienen manía» son respuestas que, cuando se convierten en negación, transmiten un mensaje peligrosísimo: siempre habrá alguien dispuesto a justificar lo que hago.

La educación exige también límites. Exige decir «esto está mal», incluso cuando quien lo ha hecho es nuestro hijo. La autoridad no está reñida con el cariño; un menor necesita sentirse querido, pero también necesita saber dónde están los límites.

No se trata de juzgar a las familias concretas del caso de Moguer, porque cada situación tiene sus circunstancias. Pero sí debemos preguntarnos por qué, ante tantos casos de acoso escolar, algunos adultos parecen más preocupados por defender al agresor que por comprender qué ha ocurrido y cómo repararlo. Porque cuando los adultos discutimos sobre quién tiene razón, hay alguien que suele quedar en segundo plano: la víctima.

El acoso ya no termina cuando suena el timbre

El bullying no es exactamente el mismo que hace veinte o treinta años. Antes, un niño podía sufrir acoso durante la jornada escolar y encontrar, al menos en teoría, un refugio al llegar a casa. Hoy puede llevarse el acoso en el bolsillo. El vídeo permanece en el móvil, se comparte, se comenta y puede llegar a cientos de personas en cuestión de minutos.

Hemos convertido la humillación en contenido. Cuando una agresión se graba para conseguir visitas, el problema ya no es solamente quien golpea. También están quienes miran, ríen, jalean, graban y después comparten. No basta con preguntarnos quién golpeó; también deberíamos preguntarnos quién miró, quién grabó, quién difundió y quién decidió no hacer nada.

Las responsabilidades no son solo de las familias

Sería muy cómodo cargar toda la responsabilidad sobre los padres y quedarnos tranquilos. No sería justo. Los centros educativos también tenemos nuestra parte, y lo digo desde la autocrítica porque formo parte de ese sistema.

Un instituto no puede limitarse a impartir contenidos, corregir exámenes y cumplir el currículo. También educamos en convivencia. Si nos convertimos en simples mercenarios del conocimiento —entramos, explicamos el temario, ponemos notas y nos vamos— será mucho más difícil detectar a tiempo que algo está ocurriendo.

Necesitamos conocer a nuestros alumnos, saber quién está solo, quién ha cambiado su comportamiento, quién deja de participar o quién empieza a faltar. Porque muchas veces el bullying no empieza con una paliza, sino con una burla, un apodo, un grupo que deja fuera a otro o una fotografía compartida. Y cuando queremos reaccionar, el problema ya ha crecido.

También las administraciones tienen una responsabilidad. No basta con acumular protocolos. Hacen falta recursos, formación y herramientas eficaces para que los centros puedan intervenir a tiempo.

FP Básica: una última oportunidad

Hay un espacio educativo en el que esta cuestión se hace especialmente evidente: la Formación Profesional Básica. Muchos de los alumnos que llegan a estas aulas arrastran historias de fracaso escolar, conflictos, conductas disruptivas o dificultades personales y familiares. Pero precisamente por eso, la FP Básica puede convertirse en una oportunidad extraordinaria.

No podemos limitar nuestra tarea a enseñarles una profesión. Tenemos que intentar recuperar su confianza, enseñarles a relacionarse, orientarles y hacerles comprender que todavía tienen muchas cosas que aportar. Ya escribí sobre ello en FP Básica: la etapa más dura y más bonita de ser profesor de Formación Profesional, porque detrás de muchos alumnos difíciles hay también historias que merecen ser escuchadas.

Lo que ocurre fuera del centro no puede ser algo que pensemos que «no nos toca». Nos toca. Mirar hacia otro lado no es neutralidad: es abandono.

La única salida: coeducar

No hay una sola medida que vaya a resolver el problema del bullying. La única vía con posibilidades reales es la coeducación, entendida como la implicación coordinada de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad.

Familias que asuman su responsabilidad sin caer en la negación; docentes que recuperen el vínculo con sus alumnos más allá del currículo; equipos directivos que hagan de la convivencia una prioridad; AMPAS que trabajen junto a los centros; consejos escolares que se tomen en serio los problemas antes de que exploten; inspección educativa que apoye a los centros; y una normativa que proporcione herramientas reales para intervenir.

Pero necesitamos algo más: recuperar una idea que parece haberse quedado vieja y que sigue siendo imprescindible. Educar también significa poner límites. Un menor necesita cariño, pero necesita también autoridad. Necesita saber que humillar a otro no es una broma, que grabar una agresión no significa participar menos en ella y que compartir el vídeo de una paliza también causa daño.

Lo que nos toca a cada uno

Y hay algo más que nos toca a todos, no solo a familias, docentes o administraciones: nuestra actitud cotidiana. No basta con compartir un vídeo indignados y sentir que ya hemos cumplido. La convivencia se construye también en lo pequeño: cuando reprochamos una conducta incívica, cuando no nos reímos de quien está siendo humillado, cuando enseñamos a nuestros hijos que no todo vale por conseguir una carcajada o unos «me gusta».

Hemos normalizado demasiado la indiferencia como forma de autoprotección. Miramos hacia otro lado porque pensamos que no es asunto nuestro. Pero la indiferencia también educa. Cada vez que un niño ve que nadie interviene cuando otro está sufriendo, aprende algo sobre el mundo en el que vive.

Lo ocurrido en Moguer no debería servir únicamente para discutir sobre la edad penal. Debería servir para hacernos una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos enseñando a nuestros menores que sus actos tienen consecuencias?

Hemos permitido que la crueldad se convierta en contenido, que la autoridad se convierta en una palabra incómoda y que la responsabilidad se diluya entre la pantalla, la ley y la puerta de casa. No se trata de buscar un único culpable, sino de asumir cada uno la parte que nos corresponde: familias, docentes, centros educativos, administraciones y sociedad.

Porque un niño que aprende a respetar al otro no solo está mejor educado: está ayudando a construir una sociedad mejor. Y quizá el primer paso sea tan sencillo como incómodo: dejar de mirar hacia otro lado.

VICENTE RUIZ GÓMEZ