El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado durante el presente año 2026 más de 5.120 nuevas prestaciones y servicios al sistema regional de atención a la dependencia, lo que sitúa el total en 123.558 a 31 de julio de 2026 y consolida un crecimiento positivo, sostenido y diversificado de la red pública de cuidados.

Así lo ha destacado el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, durante la presentación del balance correspondiente al primer semestre de 2026, en el que la región, con más de 4.600 nuevas prestaciones en esa primera mitad de año, ha alcanzado sus mejores datos históricos: 82.648 personas reciben atención diaria, el sistema supera los 28.000 empleos y Castilla-La Mancha mantiene la primera posición en solitario en la valoración del Observatorio Estatal de la Dependencia.

Pérez ha subrayado que el dato más relevante del semestre es que “el sistema continúa creciendo y convirtiendo la inversión pública en más derechos y más capacidad de atención para las personas dependientes y sus familias. Estamos alcanzando cifras récord en prestaciones, en plazas, en servicios. Crecemos una media de 25 diarias y atendemos a las personas con más agilidad”.

“No estamos ante un crecimiento aislado ni concentrado en una sola modalidad”, ha señalado el viceconsejero, sino ante “una ampliación que alcanza a toda la red: plazas residenciales, centros de día, ayuda a domicilio, servicios de promoción de la autonomía, teleasistencia y prestaciones económicas”, ha destacado Pérez.

El viceconsejero ha recordado, además, que “el compromiso para esta legislatura inicialmente hablaba de 100.000 prestaciones y servicios y ya estamos en la cifra de las 123.000”.

Más prestaciones y una red de cuidados más diversificada

La evolución del primer semestre hasta llegar a esa cifra de prestaciones y servicios activos en Castilla-La Mancha supone más de 75.000 prestaciones más que en 2015, con un incremento acumulado del 160% y que refleja la transformación experimentada por el sistema regional durante la última década.

Este crecimiento se apoya en un catálogo del Sistema de Dependencia diversificado, que permite ajustar la respuesta pública a las necesidades y preferencias de cada persona. Las prestaciones vinculadas al servicio se han multiplicado por cuatro desde 2015 y alcanzan las 12.549. La teleasistencia se ha multiplicado por siete y llega a 35.067 personas dependientes, con la mayor cobertura de España, mientras que la ayuda a domicilio atiende ya a 15.402 beneficiarios y beneficiarias dentro del sistema.

Los servicios de promoción de la autonomía personal y SEPAP-MejoraT superan los 15.400 usuarios, con la previsión de poner en marcha 10 nuevos servicios a lo largo de este año. Por su parte, los centros de día atienden a 4.355 personas, el doble que en 2015 y 13.057 personas dependientes disponen de una plaza residencial pública.

“El objetivo no es sumar cifras por sumar, sino ofrecer la respuesta adecuada en el momento y el entorno que cada persona necesita”, ha afirmado Pérez. En este sentido, ha defendido que la diversificación del sistema permite reforzar la atención de proximidad, favorecer la permanencia en el domicilio cuando esa es la opción elegida y garantizar recursos residenciales cuando son necesarios.

Por provincias, se contabilizan 17.477 familias en Albacete atendidas diariamente por el sistema público de dependencia en Castilla-La Mancha, 21.496 en Ciudad Real, 11.388 en Cuenca, 8.621 en Guadalajara y 23.666 en Toledo.

Más de 28.000 empleos vinculados al sistema

La dependencia constituye también un importante motor económico y de cohesión territorial, especialmente en el medio rural. A 30 de junio, el sector sostiene 28.014 empleos, “y, además, con una característica muy importante como es la estabilidad: tres de cada cuatro empleos en el sector de los cuidados tienen carácter indefinido”, ha reiterado Pérez.

En los centros residenciales trabajan más de 17.200 profesionales y el número de personas cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social se ha multiplicado por siete desde 2015.

El viceconsejero ha destacado que el sistema crea en torno a 1.000 nuevos puestos de trabajo cada año y que este empleo “es especialmente valioso porque presta cuidados, genera actividad económica, fija población y ofrece oportunidades profesionales en municipios de toda la región”.

La evolución de las prestaciones y de los servicios se sustenta en una apuesta presupuestaria continuada. Desde 2015, el presupuesto regional de dependencia ha crecido en 320 millones de euros, un 86%, al pasar de 372 millones a cerca de 692 millones previstos para 2026.

Pérez ha agradecido el trabajo de los profesionales de la red pública, de las entidades del Tercer Sector y de la iniciativa social y privada, porque “los mejores datos históricos del sistema son el resultado de una decisión política sostenida, pero también del esfuerzo cotidiano de miles de personas que atienden, acompañan y cuidan”.

Liderazgo nacional y reducción de la espera

El crecimiento del sistema coincide con la primera posición en solitario de Castilla-La Mancha en el último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, con una valoración de 8,25 sobre diez y la máxima puntuación en 15 de los 20 indicadores analizados. La región ha pasado de una valoración de 4,6 en 2015, año en el que comenzó a gobernar Emiliano García-Page, a encabezar actualmente la clasificación nacional.

Además, el tiempo medio de resolución se sitúa en 166 días, por debajo del plazo máximo legal de seis meses. Los expedientes pendientes de Programa Individual de Atención que superaban ese plazo se han reducido un 95% desde 2015, al pasar de 26.919 a 1.397 a 30 de junio de 2026.

“Castilla-La Mancha lidera porque atiende a más personas, amplía prestaciones, diversifica los cuidados y resuelve con mayor agilidad”, ha abundado Javier Pérez, quien ha reiterado la reclamación de una financiación corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar la estabilidad y la mejora futura del sistema.

En la actualidad, la Junta de Comunidades asume más del 71% de su coste total, por lo que se ha mostrado “esperanzado” por el anuncio del Gobierno central para aumentar la dotación a las comunidades autónomas para sus sistemas de dependencia y avanzar así hacia la senda de la corresponsabilidad del 50-50 entre Estado y región.