El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se abstenga en la votación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica celebrada este viernes en el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha planteado también retirar el modelo del orden del día al considerar que existen alternativas que no han sido tenidas en cuenta por el Ejecutivo central.

Antes del inicio de la reunión, Ruiz Molina ha reiterado la «oposición frontal» del Gobierno regional a la propuesta y ha señalado tres motivos: la forma en que se ha negociado, el contenido del modelo y el impacto que tendría sobre Castilla-La Mancha.

Según ha explicado el consejero, el modelo se ha negociado «exclusivamente» con ERC, con la posterior incorporación del PSC, por lo que considera que el resto de comunidades autónomas no han tenido capacidad real para incorporar sus planteamientos.

Ruiz Molina ha sostenido que las aportaciones realizadas por otros territorios «no han tenido ningún resultado» y ha cuestionado que la financiación del conjunto de las comunidades se haya definido a partir de un acuerdo centrado en Cataluña.

Castilla-La Mancha rechaza el principio de ordinalidad

El segundo motivo de oposición se refiere al denominado principio de ordinalidad, que, según la interpretación expuesta por el consejero, supone dar una mayor financiación a las comunidades con una mayor concentración de habitantes con rentas altas.

Frente a este planteamiento, el Gobierno regional defiende que el sistema de financiación debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios públicos y con el mismo nivel de calidad, con independencia de dónde residan y de la capacidad económica de su territorio.

La tercera objeción planteada por Ruiz Molina tiene que ver con el efecto concreto del nuevo modelo sobre las cuentas de Castilla-La Mancha. El consejero ha asegurado que la región empeoraría su posición relativa respecto al sistema actual y pasaría a ser «la peor financiada en términos relativos».

A su juicio, las consecuencias afectarían directamente a la capacidad de la comunidad autónoma para financiar servicios como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Ruiz Molina, que ha acudido al Consejo de Política Fiscal y Financiera acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha defendido que la representación de Castilla-La Mancha en este órgano tiene como objetivo trasladar la posición del Ejecutivo autonómico y «defender los intereses de la ciudadanía de la región».