La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha denunciado la violencia y la desprotección que sufren mujeres, niñas y adolescentes con problemas de salud mental en distintos ámbitos de su vida, en la 11ª edición de su Informe sobre el estado de los derechos humanos en salud mental, presentado este 15 de septiembre. El documento aborda también los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, las dificultades de accesibilidad psicosocial y la necesidad de avanzar hacia una atención sanitaria más respetuosa con los derechos de las personas.

El informe incorpora los resultados del Estudio GEA sobre la gestión del empoderamiento y la accesibilidad en derechos de las mujeres y niñas con problemas de salud mental en España, que alerta de una vulneración de derechos sociales en ámbitos como la maternidad, la sexualidad, la autonomía económica y las relaciones afectivas.

Los datos reflejan la dimensión de estas situaciones. El 40% de las mujeres con problemas de salud mental afirma haber sufrido violencia física o psicológica por parte de personas de su entorno cercano, mientras que el 35% señala a parejas o exparejas y el 19% a personas desconocidas.

A ello se suma la feminización de la pobreza. Según el estudio, el 84% de las mujeres encuestadas se ha visto obligada a cambiar de vivienda en los últimos años por no poder afrontar el alquiler o la hipoteca. El informe también apunta a mayores dificultades de acceso al empleo y a problemas de conciliación vinculados a la distribución desigual de las tareas por razón de género.

Sesgos en la atención y problemas de medicación

La Confederación recoge también la percepción de profesionales sobre la existencia de sesgos de género en la atención. El 74% afirma haber identificado medicaciones inadecuadas o excesivas y el 85% considera que los servicios actuales no cubren todas las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres con problemas de salud mental.

Desde la perspectiva de las propias usuarias, el 41% lleva más de seis años sin revisar sus pautas de medicación, el 67% asegura no haber recibido información suficiente sobre sus efectos secundarios y el 65% no fue informado de tratamientos alternativos.

El informe señala además que el 21% ha sido ingresada alguna vez, y que el 37% de estos ingresos fueron involuntarios. Entre ellas, el 51% asegura haber sufrido malos tratos durante el ingreso.

Para Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA, estos datos evidencian las carencias existentes en la atención a las mujeres, pero también pueden servir como guía para avanzar hacia un cambio de paradigma basado en un enfoque biopsicosocial.

La inteligencia artificial abre nuevos riesgos

La llegada de la inteligencia artificial al ámbito de la salud mental constituye otro de los asuntos analizados. El informe reconoce que esta tecnología puede mejorar el acceso a la atención y reducir cargas administrativas, pero advierte de posibles problemas relacionados con la privacidad, la seguridad, el consentimiento informado, las desigualdades, la vigilancia y la despersonalización de los cuidados.

La Confederación pone especial atención en la población infantil y adolescente. Según los datos del VII Informe de Acoso Escolar en Centros Educativos, la IA ya está presente en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares. Se emplea principalmente para manipular fotografías, vídeos o audios de otros estudiantes y para suplantar identidades.

Ante esta evolución, SALUD MENTAL ESPAÑA reclama investigaciones que permitan determinar con mayor precisión los riesgos y beneficios de estas tecnologías antes de establecer una regulación.

El documento recoge también la reciente condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un ingreso involuntario en el que se vulneró el derecho a la asistencia letrada. La resolución estableció una indemnización de 5.000 euros por daños morales y 7.000 euros en costas procesales.

La Confederación considera que esta sentencia supone un avance en la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y reclama una atención que sitúe en el centro la dignidad de quienes reciben asistencia.

Por último, el informe vuelve a señalar la falta de reconocimiento expreso de la accesibilidad psicosocial en la normativa española, una carencia que, según la organización, genera barreras y discriminaciones para las personas con problemas de salud mental o discapacidad psicosocial.

El Servicio de Asesoría Jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA mantiene, además, una elevada demanda de consultas. El 69% procede de personas con problemas de salud mental y las cuestiones civiles, como los ingresos involuntarios, los contratos de vivienda o las curatelas, concentran el 39% de las consultas.