La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo, 27 de septiembre, en Alcázar de San Juan para reclamar una red pública de interrupción voluntaria del embarazo en la región, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora este lunes.

El colectivo reivindica que las mujeres puedan acceder a esta prestación dentro de la sanidad pública, sin tener que recurrir a centros privados ni desplazarse a otras comunidades autónomas. En este contexto, la Plataforma ha puesto el foco en los datos facilitados por primera vez por el SESCAM a través del Portal de Transparencia: 41 profesionales sanitarios están inscritos en el registro de objetores de conciencia.

La Administración ha informado también de que los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha cuentan con 198 médicos, aunque no ha precisado cuántos de los 41 objetores pertenecen a esta categoría profesional ni cuántos profesionales integran en total estos servicios.

Según la Plataforma, incluso en el supuesto de que las 41 personas objetoras fueran médicas, representarían el 20,7 % de los 198 facultativos. El colectivo considera que este dato permite introducir cifras oficiales en un debate en el que, a su juicio, se ha hablado durante años de una supuesta objeción generalizada.

La prestación se realiza mayoritariamente fuera de la sanidad pública

La Plataforma denuncia que el aborto continúa realizándose prácticamente en su totalidad fuera de la red pública. Según los datos del Ministerio de Sanidad que cita el colectivo, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en Castilla-La Mancha en 2024 se realizaron en clínicas privadas.

La organización añade que alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de Castilla-La Mancha para hacerlo.

Ante esta situación, reclama al Gobierno regional una red pública de aborto integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.

La Plataforma también pide que se hagan públicos los datos sobre objetores por categoría profesional, profesionales de Ginecología y Obstetricia, distribución por hospitales y áreas sanitarias, recursos disponibles y derivaciones. A su juicio, conocer el número de objetores debe servir para organizar la prestación y garantizar que una objeción individual no impida ni retrase el acceso al aborto en la sanidad pública.