Gómez ha realizado estas declaraciones tras conocerse la convocatoria electoral y ante la situación de la aplicación de los caudales ecológicos del Tajo, que acumula sucesivos retrasos. La consejera ha advertido de que “gobierne quien gobierne” Castilla-La Mancha seguirá reclamando unas nuevas reglas de explotación que, según ha señalado, llevan más de dos años pendientes.

La Junta mantiene su batalla jurídica

La responsable regional de Desarrollo Sostenible ha defendido que la posición de Castilla-La Mancha pasa por garantizar agua suficiente y de calidad para el abastecimiento de la población, el desarrollo económico y la protección ambiental del río.

Según ha explicado, las resoluciones judiciales han respaldado algunas de las principales reivindicaciones de la comunidad autónoma, entre ellas la necesidad de establecer caudales ecológicos reales y cumplir la legislación vigente.

El Gobierno regional ha acudido además a la Audiencia Nacional para defender sus intereses ante la falta de adaptación de las actuales reglas de explotación del trasvase a las previsiones de los planes hidrológicos aprobados mediante el Real Decreto 35/2023.

Gómez ha insistido en que Castilla-La Mancha seguirá defendiendo “el Tajo, el cumplimiento de la ley y el derecho de nuestra tierra a disponer de unos recursos hídricos suficientes”.

La reserva hídrica, entre las prioridades

La consejera ha advertido también de que las dificultades que puedan plantearse desde otros territorios no harán que la Junta rebaje sus reivindicaciones.

“Por muchas trabas que algunos quieran poner, ya sea en Murcia, en el Levante o en Madrid, hay algo que tenemos muy claro: no vamos a permitir que se ponga en riesgo la reserva hídrica estratégica de Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

A esta reivindicación ha añadido la defensa de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 vinculados al eje del Tajo, una cuestión que el Ejecutivo autonómico considera ligada a la protección de los recursos hídricos de la región.