ndonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam han impulsado reformas para reducir el uso de la pena capital, mientras Myanmar, Singapur y Vietnam continúan realizando ejecuciones

Amnistía Internacional ha advertido, con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora este sábado 10 de octubre, del creciente aislamiento de los países del sudeste asiático que mantienen las ejecuciones, especialmente Singapur, mientras otros Estados de la región avanzan hacia la restricción o abolición de la pena capital.

La organización señala que, durante los últimos 20 años, los once países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han protagonizado reformas y una reducción de las ejecuciones. Camboya, Filipinas y Timor Oriental son ya plenamente abolicionistas en la ley, mientras Indonesia ha cumplido diez años sin ejecuciones y Malasia y Tailandia se encaminan hacia periodos similares.

En cambio, Myanmar, Singapur y Vietnam continúan utilizando la pena de muerte. Según Amnistía Internacional, Singapur es el único Estado de la ASEAN del que se tiene constancia de que realiza ejecuciones de forma regular y mantiene una posición contraria a una reforma sustancial.

Hasta el 30 de septiembre, las autoridades singapurenses habían llevado a cabo 19 ejecuciones en 2026, todas por delitos relacionados con drogas. La cifra supera las 17 ejecuciones registradas en 2025 y duplica las nueve de 2024.

Reformas que reducen el uso de la pena capital

Amnistía Internacional destaca los avances registrados en varios países. Malasia ha reducido de más de 1.200 a alrededor de 100 las personas condenadas a muerte a finales de 2025, después de las reformas introducidas en su legislación.

En Indonesia, el nuevo Código Penal considera la pena de muerte una “pena especial” que debe aplicarse como último recurso. Tailandia ha reducido las circunstancias en las que puede imponerse por delitos relacionados con las drogas, mientras que Vietnam eliminó en 2025 la pena capital para ocho delitos y prevé reducir de 18 a cuatro el número de delitos castigados con ella.

La situación de Myanmar supone, sin embargo, un retroceso. Sus autoridades militares reanudaron las ejecuciones judiciales en 2022, después de más de 30 años sin llevarlas a cabo, y ampliaron posteriormente el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Amnistía reclama una moratoria oficial

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Malasia, Joshua Ericsson, ha señalado que el descenso del número de países de la ASEAN que ejecutan condenas evidencia “el creciente aislamiento” de los Estados que todavía mantienen esta práctica.

“No es sostenible” justificar la pena de muerte como un instrumento excepcional para proteger la seguridad pública, ha defendido Ericsson, que reclama a los gobiernos que todavía mantienen esta pena que establezcan moratorias oficiales y avancen hacia su abolición completa.

La organización también reclama que, mientras no se produzca la abolición, se elimine la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, se garantice el derecho a un juicio justo y se supriman las normas que permitan una aplicación discriminatoria de la pena capital.

El 24º Día Mundial contra la Pena de Muerte se celebra este 10 de octubre de 2026 como una jornada internacional de activismo y reflexión. Amnistía Internacional recuerda que se opone a la pena de muerte “en todos los casos, sin excepción”.