La norma permitirá poner en marcha un sistema de transferencias para que los ayuntamientos financien inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras municipales del ciclo integral del agua. El canon tiene carácter finalista, por lo que los fondos deben destinarse exclusivamente a actuaciones hidráulicas que contribuyan a mejorar la calidad y disponibilidad del agua en la región.

El borrador desarrolla lo previsto en la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha y regula tanto el Fondo de Inversiones en Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua como el procedimiento para retornar a los municipios el porcentaje establecido de la recaudación.

Una asignación mínima para los municipios pequeños

El proyecto presta especial atención a las localidades con menos recursos económicos y capacidad técnica para acometer obras hidráulicas. En concreto, los municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán garantizada una asignación mínima de 4.000 euros anuales cuando la cantidad que les corresponda según la recaudación efectiva del canon no alcance esa cifra.

El objetivo es facilitar que las localidades más pequeñas puedan abordar mejoras en sus infraestructuras de agua, un ámbito que requiere inversiones para garantizar el suministro y el adecuado tratamiento de las aguas residuales.

Entre las actuaciones que podrán financiarse figuran la renovación y modernización de las captaciones, las conducciones y las redes de distribución, así como la mejora de las estaciones de tratamiento de agua potable y los depósitos.

También se contemplan obras en las redes de saneamiento, colectores, estaciones de bombeo y depuradoras de aguas residuales, además de proyectos dirigidos a reducir las pérdidas de agua y mejorar el control y la gestión del consumo.

Veinte días hábiles para presentar alegaciones

La publicación de la resolución inicia la fase de información pública previa a la aprobación definitiva del decreto. Durante los 20 días hábiles siguientes a la publicación, los interesados podrán presentar alegaciones al texto propuesto.

Una vez aprobado, el decreto permitirá desarrollar el sistema de retorno de fondos a los ayuntamientos para financiar las actuaciones previstas. La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General del Agua, será la encargada de realizar el seguimiento de las inversiones y comprobar que los recursos se destinan a los fines establecidos.