El estudio, elaborado con datos de 2025, refleja que la tasa AROPE —el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— se encuentra en Castilla-La Mancha 8,3 puntos por encima de la media nacional, situada en el 25,7 %.

Ante estos datos, CSIF reclama reforzar los servicios públicos de la región y desarrollar políticas más eficaces para combatir la desigualdad, mejorar la protección social y atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El informe también revela que el 25,9 % de la población castellanomanchega tiene ingresos inferiores al umbral de pobreza. Además, el 9,8 % sufre carencia material y social severa, frente al 8,1 % de la media nacional. Este último indicador ha empeorado respecto a 2024.

La pobreza infantil supera la media nacional

CSIF pone el foco en la situación de la infancia y la adolescencia, uno de los colectivos más afectados por la vulnerabilidad económica. Según los datos recogidos en el informe, la tasa de pobreza infantil alcanza el 36,8 % en Castilla-La Mancha, frente al 28,4 % del conjunto del país.

Aunque la tasa AROPE regional ha descendido desde 2015, con una reducción de 1,6 puntos porcentuales, y ha bajado 0,2 puntos respecto a 2024, el sindicato considera que esta evolución resulta insuficiente ante la magnitud del problema y las diferencias que todavía persisten con la media española.

Para CSIF, estas cifras evidencian la necesidad de impulsar medidas que garanticen una protección social adecuada y permitan reducir las desigualdades que afectan a miles de familias castellanomanchegas.

Más recursos para los servicios sociales

La organización sindical defiende que la lucha contra la pobreza requiere una respuesta integral, en la que los servicios públicos desempeñen un papel fundamental. A su juicio, las medidas deben abarcar también el ámbito laboral, los salarios y el acceso a la vivienda.

Entre sus principales reivindicaciones, CSIF reclama reforzar las plantillas y los recursos de los servicios sociales, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y garantizar una atención suficiente y de calidad a las personas y colectivos más vulnerables.

El sindicato, que se define como primer representante en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, considera que fortalecer los servicios públicos es una herramienta esencial para afrontar la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida.