El colegio profesional centra sus críticas en el artículo 4 del Decreto 25/2026, que aprueba el nuevo Reglamento de Caza. Según el COBCLM, el texto reproduce la disposición del anterior Decreto 15/2022 que atribuía exclusivamente a los ingenieros de montes y forestales la competencia para realizar trabajos en materia cinegética, dejando fuera a los biólogos y a otros profesionales del ámbito ambiental.

La organización recuerda que la sentencia 7/2005 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el artículo 4 del anterior decreto. La resolución favorable al colegio fue recurrida por la Administración regional ante el Tribunal Supremo, aunque, según explica el COBCLM, no llegó a resolverse el fondo de ese recurso porque el alto tribunal anuló el Reglamento de Caza en su conjunto.

Alegaciones que no han sido atendidas

El Colegio Oficial de Biólogos asegura que presentó nuevas alegaciones ante la Consejería de Desarrollo Sostenible durante la tramitación del borrador del reglamento, con el objetivo de evitar que se reprodujera la disposición cuestionada. Sin embargo, sostiene que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado finalmente el mismo texto que había sido anulado por los tribunales.

El COBCLM lamenta que el Ejecutivo autonómico mantenga una regulación que, a su juicio, favorece a los ingenieros forestales y perjudica de forma arbitraria y discriminatoria a los biólogos y otros profesionales ambientales.

La entidad afirma que esta exclusión limita el ejercicio de actividades profesionales en el ámbito privado relacionadas con la caza y afecta también a otras áreas de conservación de la naturaleza, incluidos puestos de la propia Administración regional.

El colegio anuncia acciones legales

El comunicado también cuestiona la composición de los órganos de la Junta de Comunidades responsables del medio natural y la conservación de la naturaleza. El COBCLM señala que, desde la creación de la Administración autonómica hasta 2023, los puestos de dirección general y la práctica totalidad de las jefaturas de servicio de estos ámbitos estuvieron ocupados por ingenieros forestales.

Ante esta situación, el colegio considera que el nuevo decreto no se ajusta a derecho y anuncia que emprenderá las acciones legales que considere pertinentes. Además, exigirá responsabilidades a la Junta de Comunidades por los perjuicios que, según sostiene, vienen sufriendo los biólogos desde la aprobación de la primera regulación en 2022.

La organización asegura que aquella normativa les impidió desarrollar actividades profesionales en materia cinegética que venían ejerciendo con anterioridad y reclama que se respete el marco jurídico que regula las competencias de las distintas titulaciones.