La resolución, adoptada por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, establece la prohibición de acceso a un tramo de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.

Únicamente podrán permanecer en la zona las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial autorizado. La jueza prohíbe también retirar cualquier elemento del lugar del siniestro, así como tomar y difundir imágenes de la zona afectada.

Incautación de las cajas negras

Entre las medidas acordadas por la instructora figura la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes siniestrados que sean localizadas. La Policía Judicial de Toledo se encargará de recoger estos dispositivos para su posterior análisis.

La investigación se extiende también al centro de control ferroviario de Atocha. La jueza ha solicitado a la Policía Judicial que recabe información sobre la circulación de trenes en la zona del accidente, así como un informe de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del siniestro.

En otra resolución, ha encargado a la Policía Judicial de Toledo que obtenga de ADIF información sobre los protocolos de actuación aplicables en los minutos previos, durante el accidente y después de producirse.

Secreto de las actuaciones judiciales

La instructora ha acordado finalmente decretar el secreto de sumario, una medida que afecta a las actuaciones judiciales mientras avanza la investigación.

Las diligencias tienen como objetivo esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario y determinar los elementos que pudieron influir en su desarrollo. La preservación de la zona y la recogida de pruebas forman parte de las actuaciones iniciales para avanzar en la investigación.