Las organizaciones agrarias UPA, Asaja, COAG y Unión de Uniones llegan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un conjunto de propuestas para reclamar a los partidos políticos compromisos concretos con el sector agrario y ganadero. El futuro de la Política Agraria Común (PAC), la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la gestión del agua, la competencia comercial y la simplificación administrativa figuran entre las principales demandas del campo.

Como recoge Fran Solís en un reportaje publicado por Lanza, las organizaciones agrarias quieren que las necesidades de agricultores y ganaderos tengan un espacio destacado en los programas electorales y se traduzcan en medidas durante la próxima legislatura. Aunque sus planteamientos presentan diferencias, comparten la preocupación por la viabilidad económica de las explotaciones y el futuro de la actividad agraria.

UPA presenta 16 propuestas para la próxima legislatura

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha preparado un documento con 16 medidas que trasladará a las formaciones políticas para que puedan incorporarlas a sus programas electorales.

Una de sus principales reivindicaciones es la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar que reconozca jurídicamente este modelo productivo y priorice a quienes trabajan directamente en sus explotaciones en el acceso a las ayudas públicas, las inversiones, la tierra, el agua y las políticas fiscales.

La organización también reclama una PAC con financiación suficiente después de 2027, que favorezca especialmente a las explotaciones familiares pequeñas y medianas. Entre sus propuestas figuran el refuerzo de los mecanismos redistributivos y la limitación de las ayudas para evitar que los fondos de inversión que acaparan tierras agrarias se beneficien de recursos públicos.

La rentabilidad constituye otro de los grandes capítulos del documento. UPA pide garantizar precios que cubran los costes de producción, reforzando la Ley de la Cadena Alimentaria y la capacidad inspectora y sancionadora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

El relevo generacional ocupa igualmente un lugar destacado. La organización propone un Plan Nacional que facilite la incorporación de jóvenes mediante ayudas a la primera instalación, financiación preferente, incentivos fiscales para la transmisión y el arrendamiento de explotaciones y bancos de tierras. También plantea medidas específicas para favorecer la incorporación de mujeres al sector.

En materia de recursos hídricos, UPA defiende una política estatal que garantice agua suficiente y permita modernizar los regadíos. Sus propuestas incluyen además medidas para prevenir incendios forestales, reducir la burocracia, facilitar el acceso a una energía asequible y mejorar la sanidad animal y vegetal.

El documento incorpora asimismo demandas relacionadas con la fiscalidad, la financiación y la prestación de servicios públicos, vivienda, transporte y conectividad en el medio rural.

Asaja, COAG y Unión de Uniones: PAC, comercio y condiciones de producción

Por su parte, Asaja, COAG y Unión de Uniones han articulado sus reivindicaciones en torno a cinco grandes ejes: la rentabilidad de las explotaciones, los costes de producción, la política agraria europea, los precios y la reducción de las cargas administrativas.

Las tres organizaciones tenían previsto trasladar estas demandas a Madrid mediante una tractorada convocada para el 28 de octubre bajo el lema «Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo». La movilización fue aplazada por solidaridad y respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Entre sus principales reclamaciones figura un plan de choque frente al incremento de los costes de producción, junto a una PAC fuerte que proteja las rentas de agricultores y ganaderos y mantenga una financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

En el ámbito comercial, reclaman que los productos importados cumplan las mismas condiciones y exigencias que se aplican a los productores europeos. También piden reforzar los controles fronterizos y combatir la competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales internacionales.

La simplificación administrativa es otra de sus prioridades. Las organizaciones consideran necesario reducir trámites, registros y obligaciones que condicionan el trabajo cotidiano de las explotaciones.

A estas demandas se suma la petición de un gasóleo profesional agrario, con fiscalidad reducida y estable, bonificaciones directas al repostar y medidas extraordinarias ante las subidas de los costes energéticos.

Las reivindicaciones específicas del campo de Ciudad Real

En la provincia de Ciudad Real, las demandas generales del sector se acompañan de problemas concretos que afectan a la actividad agrícola y ganadera. Asaja ha puesto el acento en el incremento de los costes de producción, las dificultades de rentabilidad, la planificación hidráulica y los daños provocados por la fauna silvestre, especialmente la sobrepoblación de conejos.

El pasado 6 de octubre, cientos de agricultores y ganaderos de la provincia participaron en una movilización de Asaja Castilla-La Mancha en Toledo para reclamar medidas que garanticen el futuro del campo.

El presidente de Asaja Ciudad Real, Emilio Cepeda, denunció el encarecimiento del gasóleo y del resto de los medios de producción, que, según señaló, están comprometiendo las cuentas de las explotaciones. También reclamó soluciones ante «el grave problema de la sobrepoblación de conejos», cuyos daños afectan desde hace años a numerosos cultivos de la provincia.

La política hidráulica fue otro de los asuntos centrales de la protesta. Cepeda defendió una planificación del agua que tenga en cuenta las necesidades reales del sector y permita a agricultores y ganaderos producir e invertir con garantías.

Por su parte, la secretaria provincial de Asaja Ciudad Real, Lola Ruiz de la Hermosa, incidió en el relevo generacional y advirtió de que no basta con facilitar la incorporación de jóvenes si no se les ofrece previamente un escenario que permita desarrollar una actividad profesional rentable y con perspectivas de futuro.

Las elecciones generales del 29-N se presentan así como una oportunidad para que las organizaciones agrarias trasladen a los partidos políticos sus prioridades y reclamen compromisos sobre cuestiones que consideran determinantes para el futuro del campo.