En un comunicado difundido este martes, 3 de noviembre, UGT califica la decisión de «temeraria, irresponsable y que precariza aún más el dispositivo de incendios forestales». La organización sindical sostiene que las torres de vigilancia son fundamentales para la detección temprana de los fuegos y que su desmantelamiento elimina una primera línea de defensa frente a los incendios forestales.

«Permiten la detección temprana, que es lo que marca la diferencia entre un conato y una catástrofe de miles de hectáreas», señala el sindicato, que considera especialmente grave que los cierres se produzcan en las dos provincias más extensas y con mayor masa forestal de la región, pocos meses después del mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha.

Movilidad forzosa para los vigilantes

UGT advierte también de las consecuencias laborales de esta decisión. Según explica, el cierre de las instalaciones abocará a la movilidad de los vigilantes fijos que ocupan esas plazas, trabajadores cualificados y con muchos años de experiencia que conocen el territorio.

La organización sindical considera que se está castigando a profesionales que llevan tiempo desempeñando una labor esencial para la prevención de incendios y que ahora ven cómo se cierran sus puestos de trabajo.

UGT señala directamente a la Junta y a Geacam

El sindicato responsabiliza políticamente de la medida a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente regional, Emiliano García-Page. «No valen excusas técnicas ni económicas. Ustedes son los que firman los recortes. Ustedes son los que debilitan deliberadamente el dispositivo Infocam mientras venden lo contrario en ruedas de prensa», afirma UGT.

La sección sindical apunta asimismo a la responsabilidad de Geacam, a la que acusa de no adecuar los centros de trabajo a la normativa de prevención de riesgos laborales y de optar por su cierre en lugar de acometer las actuaciones necesarias para cumplir la legislación y las disposiciones mínimas de seguridad y salud.

UGT concluye que esta decisión supone «más recortes y más precariedad» para una plantilla que, según denuncia, ya se encuentra al límite.