El Colectivo de Abogados y Procuradores del Partido Judicial de Tomelloso ha denunciado públicamente la situación de «colapso» que atraviesa la Administración de Justicia en la localidad, con procedimientos que permanecen meses sin tramitar, bajas de funcionarios sin cubrir, falta de medios materiales y unas instalaciones que consideran inadecuadas. Cerca de medio centenar de profesionales se han reunido con los medios de comunicación para reclamar soluciones urgentes, entre ellas un refuerzo de personal y medios judiciales, la creación de un cuarto juzgado y la construcción de un edificio que unifique las dos actuales sedes.

El hundimiento del techo de las dependencias del Registro Civil, ocurrido el pasado mes de junio, constituye uno de los ejemplos más visibles de las deficiencias de las instalaciones. El incidente obligó a cerrar las oficinas y trasladar a sus trabajadores a un espacio que se utilizaba como archivo, donde continúan atendiendo al público mientras las dependencias originales permanecen precintadas, a la espera de su reparación.

La abogada Cortes Cano, portavoz del colectivo, ha sido la encargada de trasladar las reivindicaciones de un grupo que, según ha explicado, llevaba aproximadamente veinte años sin convocar una comparecencia pública de estas características. La situación, ha advertido, ha alcanzado un punto «insostenible», con consecuencias directas para los ciudadanos que necesitan acudir a los tribunales para resolver sus problemas.

«Si antes la Justicia era lenta, ahora está prácticamente paralizada», ha resumido Cano, quien ha llegado a cifrar en apenas un 3 % el funcionamiento efectivo del servicio en las actuales circunstancias. La portavoz ha insistido en que la protesta no responde a intereses particulares de abogados y procuradores, sino a la necesidad de garantizar un servicio público esencial. «Los grandes perjudicados son los ciudadanos», ha subrayado.

Bajas sin cubrir, procedimientos paralizados y falta de medios

Uno de los principales problemas señalados por el colectivo es la falta de personal. Las bajas y vacantes que se suceden en las oficinas judiciales no se cubren con la rapidez necesaria, dejando mesas de trabajo desatendidas durante meses. Cano ha puesto como ejemplo una baja que, en el momento de la comparecencia, llevaba sin cubrirse desde el 27 de junio.

La situación se agrava, según ha explicado, cuando las sustituciones se realizan con personas sin experiencia previa en la Administración de Justicia y sin una formación específica para desempeñar sus funciones. Esto obliga a otros trabajadores a dedicar tiempo a enseñarles el funcionamiento de los procedimientos y los programas informáticos, lo que termina repercutiendo también en la actividad de sus propias mesas.

El colectivo considera que la implantación de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha añadido dificultades a un escenario que ya presentaba importantes carencias. La transformación de los tres juzgados existentes en un único Tribunal de Instancia ha supuesto, a su juicio, una reorganización que no ha venido acompañada de los recursos humanos y materiales necesarios.

Cano ha explicado que los asuntos de los antiguos juzgados número 1, 2 y 3 se han redistribuido entre los funcionarios, pero sin unos criterios estables de asignación. Los cambios frecuentes provocan que los trabajadores tengan que familiarizarse de nuevo con expedientes que antes tramitaban otros compañeros, con la consiguiente pérdida de tiempo y continuidad.

«No existe una estabilidad en los criterios de qué lleva cada funcionario», ha señalado. Una circunstancia que, según el colectivo, genera desorganización, inseguridad jurídica y retrasos adicionales. La portavoz ha advertido incluso de casos en los que denuncias presentadas por los ciudadanos pueden llegar a prescribir sin que se haya producido una respuesta judicial.

Las consecuencias alcanzan también a cuestiones especialmente sensibles. Entre los ejemplos expuestos figuran indemnizaciones por accidentes que permanecen durante meses en las cuentas de consignaciones sin llegar a sus destinatarios, pensiones de alimentos retenidas que no se entregan a los menores y ejecuciones de sentencias que se demoran durante largos periodos.

También se han referido a señalamientos judiciales que no aparecen en las agendas de las salas de vistas, pese a que las partes habían sido citadas previamente. «El ciudadano vive en un estado de suspense y de incertidumbre», ha afirmado Cano, al describir las dificultades de quienes esperan una resolución sobre sus asuntos familiares, económicos o personales.

Dos sedes judiciales y un edificio pendiente desde hace décadas

A los problemas de funcionamiento se suman unas instalaciones que el colectivo considera claramente insuficientes. Tomelloso cuenta con dos sedes judiciales, situadas en las calles Francisco Carretero y Cervera, una distribución que obliga a desplazar continuamente a trabajadores y profesionales entre ambos edificios.

El incidente del Registro Civil ha puesto de manifiesto las carencias de mantenimiento y espacio. Sus trabajadores siguen atendiendo a los ciudadanos en unas dependencias provisionales, mientras las oficinas afectadas por el desprendimiento permanecen cerradas.

La separación entre las dos sedes también afecta a las guardias judiciales: funcionarios y juez pueden encontrarse en edificios diferentes, lo que obliga a trasladar documentación y a multiplicar desplazamientos para atender las diligencias.

Cano ha puesto el foco, además, en la ausencia de calabozos. Los detenidos deben permanecer en espacios compartidos con otras personas que acuden a realizar gestiones judiciales, sin las condiciones de privacidad y seguridad que deberían garantizarse. La Guardia Civil se ve obligada a trasladarlos individualmente, incluso cuando hay varios detenidos pendientes de pasar a disposición judicial. Una situación que, además de consumir recursos y tiempo, entraña riesgos de seguridad.

La reivindicación de un edificio judicial propio viene de lejos. En el apunte histórico aportado durante la comparecencia se recordó que la sede de la calle Francisco Carretero fue inaugurada en julio de 1994, cuando ya nació con importantes limitaciones: estaba concebida para albergar las salas de vistas de dos juzgados, sin dependencias suficientes para jueces y secretarios. También se señaló que su ubicación, en un lugar de difícil acceso para quienes no conocían la ciudad, fue motivo de críticas desde el principio.

En aquella intervención se aludió a la existencia del antiguo colegio de Doña Crisanta como una alternativa que podría haberse aprovechado entonces para construir las instalaciones judiciales.

La construcción de una nueva sede ha sido una reivindicación mantenida durante décadas y respaldada por diferentes corporaciones municipales. Según ha explicado la portavoz, el Ayuntamiento ha ido renovando las cesiones de suelo necesarias para hacer posible el proyecto, pero la iniciativa continúa sin materializarse. Aunque llegó a existir una partida presupuestaria para redactar el proyecto hace aproximadamente cinco o seis años, el colectivo asegura no haber tenido noticias posteriores sobre su desarrollo.

Los profesionales también han intentado encontrar una solución provisional que permita reunir las dos sedes mientras llega el edificio definitivo. Se estudiaron distintos espacios, algunos que necesitaban acondicionamiento y otros que únicamente requerían una mudanza. Sin embargo, según ha relatado Cano, desde el Ministerio de Justicia y la Gerencia Territorial se trasladó que no había disponibilidad económica para acometer el traslado. El colectivo considera que la unificación podría incluso generar ahorros al dejar de mantener el alquiler de una de las dependencias.

Un juez, un letrado de la Administración de Justicia y más funcionarios

Junto a la denuncia, los abogados y procuradores han planteado una serie de medidas concretas para revertir la situación. La primera es la puesta en marcha de un refuerzo judicial integrado por un juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos o tres funcionarios, que se dediquen específicamente a reducir el volumen de asuntos pendientes.

Este refuerzo debería mantenerse hasta que la actividad recupere unos niveles de tramitación razonables. La portavoz ha apuntado que podría constituir el primer paso hacia otra reivindicación histórica: la creación de un juzgado número 4, una propuesta que, según ha precisado, también ha partido de la propia judicatura de Tomelloso.

El colectivo reclama igualmente que se cubran las bajas y vacantes con personal preparado y que se establezcan criterios estables de reparto de los procedimientos. Para ello, propone facilitar formación previa a quienes se incorporen a los puestos y aprovechar a las personas que ya han superado procesos selectivos y esperan su incorporación a la Administración de Justicia.

Otra de las demandas es contar con un fiscal con presencia permanente en Tomelloso. Actualmente, el partido judicial tiene asignado un fiscal de la adscripción de Manzanares, una situación que los profesionales consideran insuficiente para atender las necesidades de una demarcación que ronda los 38.000 habitantes y comprende también otros municipios.

Por último, han exigido que se impulse definitivamente la construcción del edificio judicial y que, mientras tanto, las administraciones implicadas faciliten una solución para concentrar temporalmente los servicios en una única ubicación.

La portavoz ha recordado que estas reivindicaciones ya se han trasladado a las instancias superiores y a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Ciudad Real, sin obtener, según ha indicado, una respuesta que permita cambiar el escenario. También ha señalado que las memorias anuales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha vienen recogiendo necesidades de medios humanos y materiales en los órganos judiciales de la región.

En la comparecencia han estado presentes el alcalde de Tomelloso y varios concejales del equipo de Gobierno, junto a Óscar Ruiz, actual vicedecano del Colegio de Abogados, y Alfonso Manuel López-Villalta, decano de los procuradores de Valdepeñas, además de representantes de las candidaturas que concurren a las próximas elecciones colegiales. La portavoz ha querido dejar claro que la reivindicación es compartida y que no responde a diferencias internas ni a intereses electorales.

«La Justicia está en todo, porque por ella pasamos todos», ha afirmado Cano, que ha defendido la necesidad de que los ciudadanos perciban la Administración de Justicia como un servicio público tan esencial como la sanidad o la educación.

El colectivo ha cerrado su intervención con un compromiso de continuidad en sus reivindicaciones. «No vamos a permitir que nadie nos diga el día de mañana que no hemos dicho nada», ha señalado la portavoz, que ha insistido en que seguirán reclamando soluciones para evitar que el deterioro del servicio termine convirtiéndose en una situación irreversible.