La ayuda a domicilio es una de las prestaciones principales de la Ley de Dependencia y se desarrolla en los municipios en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado. Su objetivo esencial es apoyar a las personas en las actividades básicas de la vida diaria y ayudar a las familias a favorecer su desenvolvimiento en el entorno para la integración social. Prácticamente todas las personas que trabajan en el servicio son mujeres y trabajan con personas de edad avanzada, discapacitadas o aquejadas por alguna enfermedad  que afecta a su autonomía física, intelectual o sensorial.

Ruiz-Roso explicó que las trabajadoras tienen que afrontar  duras jornadas laborales, lo cual no implica que tengan jornada completa. Perciben entre 300 y 400 euros por una dedicación que supone prestar servicios a lo largo de todo el día, aunque los sueldos no son iguales en todas las comunidades autónomas. Las condiciones también son muy diferentes a la hora de trabajar en la ciudad o en un medio rural, donde las trabajadoras tienen que poner su coche para cubrir grandes distancias a beneficio de las empresas.

Asimismo, el trabajo de investigación presentado por Ruiz Roso pone de relieve algunos defectos estructurales de un sistema “que dedica un presupuesto insuficiente a la dependencia, con falta de cubertura para miles de personas y una enorme disparidad en el modelo de gestión de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, “dado que cada comunidad tiene su propia normativa, lo que genera desigualdades territoriales no justificadas en la ciudadanía a la hora de hacer uso de este derecho”.

En otras de las conclusiones se asevera que el sistema actual carece de protocolos de atención integral, con dificultades en el seguimiento de atención  a las personas dependientes, retrasos en la emisión de resoluciones, mercantilización del servicio y horarios y tiempos de atención inadecuados.

Uno de los problemas más repetidos es el acompañamiento nocturno. “la tele-asistencia se utiliza  como complemente para mejorar esta situación, pero no siempre se puede establecer , ya sea porque no se dispone de línea de teléfono o porque las personas usuarias tienen falta de comprensión, vocalización o sordera”. También limita el servicio el estado inadecuado de las viviendas y la falta de recursos, más acuciante en el medio rural.

La reivindicaciones

Partiendo de un panorama de lo más complicado, UGT reivindica que el Servicio de Ayuda a Domicilio se presté en parámetros de calidad similares al de Salud, una mayor planificación que garantice un sistema coordinado y con dotación presupuestaria suficiente; condiciones laborales dignas; la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio; que se incluya en las contrataciones el tiempo empleado en el transporte; adecuación de las viviendas al trabajo de cuidados; garantizar servicios mínimos de una hora para realizar el trabajo de forma adecuada a lo que cada persona requiere y que se valore la calidad del servicio por encima de la oferta económica, entre otras. 

Desde UGT se considera clave “revertir los recortes en dependencia, introduciendo los 470 millones de euros anuales que permitirían atender a 100.000 personas que están en situación de espera y generar 30.000 puestos de trabajo”.