El pasado 15 de febrero el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el
IV Foro de la Ciudadanía. A lo largo de una mañana rendíamos cuentas de las
acciones realizadas durante el ejercicio 2018 y el grado de cumplimiento de
nuestros compromisos con la sociedad. En la comisión de Políticas Sociales,
Sanitarias y de Igualdad, numerosas intervenciones de representantes de
entidades sociales de nuestra región apelaron a la necesidad de tramitación y
aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Garantía
de Ingresos y Garantías Ciudadanas aprobado por el Consejo de Gobierno el
pasado martes 12 de febrero. Se trata de entidades que conocen de primera mano
la situación de vulnerabilidad económica de un gran sector de la sociedad
castellano-manchega y que son conscientes de la importancia de la aprobación de
la ley para miles de familias de nuestra tierra.
Las situaciones de escasez y
vulnerabilidad a las que se enfrenta la ciudadanía dependen tanto de las
características estructurales y de coyuntura económica de la región, como de la
capacidad de respuestas de sus administraciones. Los diez años de crisis
económica vinieron acompañados por una respuesta política asociada a recortes,
abandono y pisoteo de los derechos elementales de la población con la
consolidación fiscal como coartada. Las distintas administraciones conocen su
cuota de responsabilidad. En los últimos dos años en Castilla-La Mancha hemos
asistido al efecto directo que tiene la inversión en política social sobre la
vida de los ciudadanos y ciudadanas, en los que se ha reducido en cuatro puntos
el Riesgo de pobreza y exclusión Social (del 37,9% en 2016 al 33,9% en el
2017). Sin embargo esta cifra sigue exigiendo un cambio rápido y eficaz en los
sistemas de protección social, una cifra que se sitúa 7,3 puntos porcentuales
por encima de la media nacional (26,6% de la población) y que asciende al 41,7%
si hablamos de menores de 18 años. Sin duda alguna se trata de una situación de
desigualdad que, a pesar de la recuperación económica de la región, se mantiene
lejos de los niveles previos a la crisis y corre el riesgo de perpetuarse y
cronificarse en el tiempo, ya que, desgraciadamente, ni el empleo es capaz de
garantizar unos ingresos mínimos para satisfacer las necesidades más básicas.
¿Qué sistema de protección
social tenemos para hacer frente a las necesidades de la población de nuestra
región? Desde la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha se han
dado avances importantes en las medidas dirigidas a paliar y erradicar la
pobreza en nuestra región, como por ejemplo: el aumento de la cuantía, del
presupuesto y las mejoras técnicas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, las
cuales han permitido incrementar el número de concesiones de la ayuda,
alcanzado así un máximo histórico en 2018 (más de 2.633 nuevas concesiones).
Pero hablemos claro, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales con datos del Informe de rentas mínimas de
inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la cobertura del IMS en 2017 no alcanzaba el 2,1% de la población que
estaba bajo el umbral de pobreza. De hecho, somos la comunidad autónoma con la
cobertura más baja, a gran distancia de la media nacional (8%), evidenciando
así la necesidad de dar un paso más allá en este tipo de políticas. La Ley de
Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone colocar a Castilla-La Mancha
8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, pasando de la última
posición a la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura. Esta diferencia no
es fruto de la casualidad, ni tampoco de un aumento de inversión a ciegas, sino
el paso de cubrir las necesidades con ayudas a configurar un derecho de ciudadanía.
El Proyecto de Ley de
Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, en cuya
elaboración han participado activamente los principales agentes sociales y la
sociedad civil en su conjunto, integra el derecho subjetivo a unos ingresos
mínimos a través de los planes de empleo y/o la prestación de renta garantizada
y el derecho al acceso a un conjunto de garantías complementarias -la mayoría
de ellas vigentes actualmente-. Se estima que durante el primer año, la
cobertura del derecho a la garantía de ingresos sea casi diez veces superior al
del actual IMS, beneficiando a más de 92.000 personas. Además, esta Ley
impactará sobre la economía de todos los hogares porque generará un impulso de
la producción de más de 90 millones de euros y la creación de más de 1.000
puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así la economía de la región.
Desde la entrada de Podemos
en el gobierno regional nuestro trabajo ha tenido un claro objetivo: Avanzar en
derechos para la ciudadanía y asegurar el futuro en la región. El Proyecto de
Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha supone
un avance en un derecho esencial, el derecho a vivir en condiciones de
dignidad. Todo el equipo de la Consejería, las entidades sociales, los
sindicatos y la sociedad en su conjunto hemos trabajado en una Ley que cuenta
con un extenso consenso social para que la vida de 92.000 personas quede
asegurada con un sistema de protección estable y no para que se quede en un
“cajón”. La responsabilidad política y la altura de miras debe ser el eje de la
acción de gobierno. ¿Alguien puede
entender que se antepongan los intereses particulares a una sociedad
castellano-manchega más justa e igualitaria?
Inmaculada
Herranz,
Consejera
para la Coord. del Plan de Garantías Ciudadanas
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Viernes, 26 de Abril del 2024
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