La foto ilustra la firma del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla- La Mancha 2019-2023 alcanzado por los agentes sociales y el Gobierno de Emiliano García-Page. Puede decirse que inaugura el nuevo curso político en la región, después de la incontestable victoria electoral del PSOE.

UGT y CC.OO nunca disimularon su apoyo a los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha. Sin embargo, cuesta trabajo comprender su participación en la puesta en escena de este tipo de acuerdos, de notable exposición mediática, si repasamos la legislatura pasada y el posicionamiento crítico de los sindicatos respecto a algunas políticas de la Junta.

No solo el Gobierno del PSOE no revirtió los recortes de Cospedal, sino que ha mantenido el mismo patrón neoliberal de gestión de los servicios públicos troncales. En materia laboral, Castilla-La Mancha presenta indicadores preocupantes. En medio ambiente hubo mejoras, pero hay puntos oscuros inquietantes. En control democrático y transparencia, está todo por hacer.

Desglosemos de un plumazo la legislatura pasada. Recordar que los ingresos de las arcas públicas aumentaron con respecto a la legislatura 2011-2015 (Gobierno del PP en Castilla-La Mancha). Y que a mitad de legislatura se incorporaba al ejecutivo Podemos, que (se decía) iba a propiciar un giro social a la acción de gobierno.

¿Cómo fue en el primer mandato de García-Page? Veamos:

Sanidad: Persisten las listas de espera en atención primaria, pruebas diagnósticas y operaciones. Aumenta la inversión pública en hospitales y centros de salud, pero por debajo de lo anunciado. Se consolida la concesión de servicios, y se privatiza el transporte sanitario. Las derivaciones a las clínicas privadas siguen su marcha.

Educación: No se han reabierto las 65 escuelas rurales comprometidas. No se ha contratado los 1.000 docentes anunciados. Se continúa privilegiando la educación concertada. Financiación insuficiente de la Universidad Pública. No ha variado el modelo de contratación de 5.000 interinas, que son despedidas al finalizar el curso (y así no cobrar todo el año)

Cultura: Conflicto laboral con las trabajadoras de las cinco bibliotecas públicas de la Red de Castilla-La Mancha, que piden la recuperación de las plantillas, equiparación de la jornada con el resto del funcionariado, el derecho a una carrera profesional y el reconocimiento del problema del personal interino.

Dependencia: En octubre de 2018 los expedientes que esperaban resolución eran 5.589, superando los 5.093 legados por el Gobierno de Cospedal. 7.748 dependientes figuran en lista de espera.

Trabajo: Castilla-La Mancha es la segunda región con mayor siniestralidad laboral. En 2018 hubo 56.000 accidentes, con 32 víctimas mortales. Guadalajara es la provincia española con más siniestros. En 2018 crecieron los accidentes graves un 6,8 %. La tasa de cobertura por desempleo es 8 puntos por debajo de la nacional (57,7%). La temporalidad alcanza, nada más ni nada menos, que el 90%.

Medio Ambiente: Lo que empezaba prometedoramente bien (oposición a la fractura hidráulica y al ATC de Villar de Cañas, reforma de la Ley de Caza) se tuerce con la apuesta por la minería de tierras raras, las macrogranjas y los regadíos. Responsabilidad presuntamente penal en el vertedero de neumáticos de Seseña y en la planta de tratamiento de residuos industriales de Chiloeches (ambos con dantescos incendios). Polémico proyecto de un gigantesco vertedero industrial en Almonacid del Marquesado, Cuenca. Recortes en equipamiento, útiles de trabajo - y en las campañas de incendios - a los agentes de medio ambiente. El 9 de mayo de este año, en la Plaza Zocodover de Toledo, los agentes de medio ambiente se manifestaban bajo el lema “Cuatro años sin un solo avance”. En la pasada legislatura no se repuso ni una sola plaza en este cuerpo, de las más de 100, que eliminó Dolores de Cospedal, ni siquiera se han repuesto las bajas por jubilación. Despido de 680 trabajadoras de GEACAM (Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha)

Televisión Autonómica: Castilla-La Mancha Media presenta una programación anquilosada en el pasado, de baja calidad, pensada para un perfil de audiencia determinado. Un instrumento de propaganda partidista, como en el Gobierno del PP. La producción propia brilla por su ausencia.

Transparencia y control democrático: No se ha reformado el Estatuto de Autonomía para blindar los derechos sociales. No se ha creado la Cámara de Cuentas, que contemplaba la fiscalización económica de todos los departamentos de la Junta con la ayuda de un Plan de Auditoría. No se ha creado la figura del Defensor de la Ciudadanía (todas estas medidas habían sido previstas en 2016)

La última que nos llega es la aprobación de las Cortes Regionales del acuerdo PSOE-PP para eliminar la limitación de mandatos del presidente de la Junta en un máximo de 8 años, pasando por encima del Estatuto de Autonomía.

¿Cómo olvidarnos de la represión a los jóvenes repobladores de Fraguas, pueblo abandonado de la Sierra Norte de Guadalajara? Gracias a la acusación particular de la Junta, los protagonistas fueron condenados a 1 año y 9 meses de prisión, aunque finalmente el delegado de la Junta retiró la denuncia. Curiosa forma de entender la lucha contra la despoblación rural.

Justo es de reconocer que los sindicatos han denunciado algunas situaciones, problemas y conflictos citados aquí. Ahora bien ¿en qué quedamos? Abanderar un plan o programa – Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica – de un Gobierno al que no le preocupa gran cosa la agenda económica y social (se entiende que desde una perspectiva proclive a los intereses y necesidades de las clases populares) es un error político y estratégico de bulto. Un programa de “reactivación económica” que, es de esperar, siga la senda de los principios especulativos, cortoplacistas e insostenibles del capitalismo de amiguetes (Aeropuerto de Ciudad Real, Puy de Fou en Toledo, playa artificial Alovera Beach en Guadalajara).

Definitivamente, los sindicatos de concertación subvencionados son parte del problema. Bendecir y presumir de acuerdos con los responsables de un marco político, social, económico y ambiental regresivo revela el papel de las burocracias sindicales; conciliar intereses de clase enfrentados y legitimar el pactismo (diálogo social), que homologa las leyes de producción y dominación capitalistas.