¿Quién nos iba a decir que en nuestro mundo global, los productos agroalimentarios iban a ser moneda de cambio en las relaciones comerciales entre dos gigantes como son Estados Unidos y la Unión Europea? Lo que parecía motivo de conflicto exclusivo en las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o bilaterales entre países desarrollados y en desarrollo -interesados, los primeros, en derribar barreras a sus productos industriales y manufactureros, y los segundos, en exportar sin aranceles ni cuotas sus productos agrario- ahora, ha pasado a formar parte de las relaciones entre las dos potencias comerciales más activas en exportación-importación del comercio mundial. Y parece que así va a ser durante un tiempo.

La reacción de la Administración Trump a las ayudas públicas europeas a Airbus, impulsada por el presidente de Estados Unidos, es una operación con bisturí fino, que dirige sus efectos donde más puede dañar a las exportaciones europeas y donde mayor rédito electoral puede obtener Trump de cara a las elecciones presidenciales del próximo otoño. Aquí reside el auténtico quid de la cuestión: el Presidente lanza un mensaje a los votantes de los Estados más rurales y con mayor peso de agricultores y ganaderos, que se ven afectados por la entrada de productos de todos los rincones del mundo, unos a mejor precio; y otros, los europeos, de gran calidad y demanda de alto valor, con los que les es muy difícil competir.

Así, desde hace un mes, aproximadamente, el vino y el aceite en envases de menos de 2 litros y el queso, de manera particular en España, el de la Denominación de Origen Queso Manchego, tienen un arancel del 25 por ciento sobre el valor del producto para entrar en el mercado de Estados Unidos. La medida, amparada legalmente por la OMC, pero de muy dudosa justificación al tratarse de un sector distinto al aeronáutico, motivo de la disputa, está ya afectando de manera significativa a los productores españoles, franceses, alemanes e italianos, donde se ha dirigido, principalmente, la respuesta de Trump.

La medida pone de manifiesto la dificultad de encontrar mercados alternativos al norteamericano para determinados productos, muchos de ellos de gran valor añadido y que, si no hay otras salidas, presionarán en un mercado nacional muy competitivo y donde la diferenciación es difícil. Sirva de ejemplo el caso del queso manchego, que de los 200 millones de euros de facturación global, vende en el mercado de Estados Unidos, unos 70 millones, una tercera parte. Su campaña en medios de comunicación nacionales para diferenciarse y mejorar el conocimiento del producto por parte de los consumidores españoles y su entrada, paulatina, en la primera cadena de distribución alimentaria del país, son medidas muy interesantes, pero que tendrán efecto a medio y largo plazo, si no resuelve el problema de dar salida inmediata al queso que, por el nuevo precio -arancel incluido- es rechazado, en una parte, por la distribución estadounidense. E igual sucede con el vino o el aceite embotellado -que genera, en ambos casos, entre cuatro y cinco veces mayor valor añadido que el granel en nuestro medio rural- que han comenzado campañas de promoción en mercados alternativos.

Y faltan también mecanismos de reacción en la Política Agraria Común (PAC), que ha ido abandonando las medidas de intervención y regulación de mercados, públicas, orientándose, cada vez más a ayudas directas disociadas de la producción, olvidando alternativas reales a la falta de mecanismos públicos que puedan incidir en precios y mercados.

En pleno debate sobre la reforma de la PAC, es momento de encontrar recetas nuevas. Es necesario un mecanismo realmente ágil de respuesta a crisis de mercado para los productores europeos, capaz de poner en marcha campañas de promoción ambiciosas -lo que debería exigir recursos suficientes y verdaderamente fáciles de movilizar-.

Hay que profundizar también en el impulso a las agrupaciones de productores y las organizaciones interprofesionales, que deben disponer de medios y facilidades para regular los mercados sectoriales, agilizando la relación con la Comisión Europea, aumentando la subsidiariedad y flexibilizado los rígidos procesos actuales. Es cada vez más necesario eximir del cumplimento de la normativa de competencia -posibilitando mayor concentración de la oferta- a la mayor parte de la agroalimentación, para disminuir la diferencia de tamaño y capacidad de negociación entre la industria agroalimentaria y la distribución o la intermediación para la exportación. Es, por lo tanto, imprescindible una PAC fuerte en recursos, y ambiciosa en medidas de mercado, que permitan  concentrar la oferta, organizar el sector y promocionar de manera ágil y potente los productos agroalimentarios europeos.

Por otra parte, también es muy importante seguir abriendo mercados desde la nueva Comisión Europea, eliminando barreras, protegiendo el uso de las figuras de calidad europeas y apostando por el comercio global y la creación de riqueza que ello supone.

Debemos hacer de la necesidad, virtud. Aprovechar el impacto de los aranceles para replantearnos las líneas maestras de la PAC en lo que a regulación y gestión de mercados se refiere.

No podemos, ni debemos, confiar en siete años más de PAC sin pensar en la realidad del escenario internacional en el que se mueven nuestros países, y del que tanto, cada vez más, dependen nuestra industria agroalimentaria y nuestros agricultores y ganaderos.