El premio nobel de Economía y catedrático de la Universidad de Columbia Joseph E. Stigliz publicó en el año 2002 un libro titulado El malestar en la globalización, en el que puede leerse: “La agenda de la globalización fue establecida, a puertas cerradas, por las corporaciones. Fue una agenda redactada por y para grandes empresas multinacionales, a expensas de los trabajadores y ciudadanos comunes en todo el mundo”, inclusive la llamada clase media.

Años antes, en la década de 1990, a la hora de analizar el proceso en curso de la globalización por instituciones y agentes económicos, medio ambientales y sociales, había sido confirmada la tendencia hacia la generación de graves desequilibrios que venían siendo inducidos tanto por el cambio climático como por el injusto diseño en las reglas del juego de la globalización en beneficio de las economías más poderosas con impactos negativos originados por las corporaciones internacionales y multinacionales financieras, en perjuicio de la mayoría de las poblaciones incluyendo a las clases medias y en deterioro tanto del medio ambiente como los derechos económicos, sociales y laborales en el planeta. Es en este contexto cuando comienza, tanto por parte de instituciones socioeconómicas de prestigio, como por  relevantes organizaciones ciudadanas el análisis de iniciativas enfocadas hacia un nuevo modelo de gestión que permitiera mitigar los referidos impactos negativos  dando respuesta a los problemas de la nueva realidad internacionalizada. Entre dichas iniciativas se encuentran:

El reconocido Informe Brundtland aprobado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo que incluye la propuesta de “Desarrollo Sostenible como aquel que permite alcanzar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para la satisfacción de sus propias necesidades”. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales del año 1997, conjunto de principios en las áreas de los derechos y el medioambiente para su aplicación por los países miembros. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y la Cumbre de Río +5 de Nueva York que propusieron la aplicación de políticas dentro del modelo de Responsabilidad Social Corporativa apoyando el paradigma del Desarrollo Sostenible.

En el Foro Económico Mundial de Davos de 1999,  como consecuencia de una iniciativa presentada por Kofi Annan desde el marco de las Naciones Unidas, nació el Global Compact o Pacto Mundial, conformado por diez principios universales de conducta, derivados de las convenciones y declaraciones de las Naciones Unidas reconocidas y respaldadas por convenciones internacionales y resoluciones de la Asamblea General que contienen propuestas laborales de carácter global, propuestas medio ambientales contra el cambio climático y propuestas contra la corrupción corporativa y de carácter financiero.

En el año 2001 se publicó el Libro Verde de la Unión Europea determinando el Marco Europeo para la Responsabilidad Social Corporativa. La Red Española del Pacto Mundial inició su andadura en el año 2002. En septiembre de 2015 se aprobó, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda 2030 y con ella los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la misión del Pacto Mundial fue ampliada con la gestión conjunta de los ODS como nuevo marco compuesto por 17 Objetivos y 169 metas para alcanzar antes de 2030 el logro de acabar con los grandes problemas del planeta, en resumen: Avanzar hacia el fin de la pobreza, alcanzar la igualdad de género y el trabajo digno, el acceso a los servicios de salud y a una educación adecuada, la protección del medioambiente, la promoción de sociedades pacíficas, la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, facilitando el acceso general a la justicia, y la lucha contra la corrupción.

La definición de los ODS fue el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 estados miembros de la ONU, la participación de la sociedad civil y otras partes interesadas, quedando recogido el punto de vista conjunto y armonizado desde las diversas perspectivas e intereses. Tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la  Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP 21) celebrada el 12 de diciembre de 2015 fue alcanzado el acuerdo internacional recogido en el Tratado de París, jurídicamente vinculante, que supone un hito paradigmático en el proceso multilateral del cambio climático, al conseguir la unión de todos los países en la causa común de limitar la emisión de gases de efecto invernadero y el establecimiento de medidas tanto para la mitigación y la resilencia al cambio climático, como para reducir el calentamiento mundial por debajo de dos grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. La Unión Europea y sus Estados miembros se encuentran entre las cerca de 190 partes del acuerdo que fue ratificado el 22 de abril de 2016 por los EE.UU, el 5 de octubre por la UE y posteriormente por la Federación Rusa y China.  

La ratificación del Acuerdo de París por Estados Unidos, a pesar de que ya estaba totalmente formalizada, fue anulada a título personal por su presidente Donald Trump, que así lo anunció el día 1 de junio de 2017 aunque la retirada definitiva de la firma no tuvo lugar hasta el 4 de noviembre de 2020, días antes de la celebración de las elecciones presidenciales en las que terminó siendo desautorizado por la mayoría de los ciudadanos norteamericanos.           

En el primer día de su mandato Joe Biden, como nuevo presidente de los EE.UU firmó una declaración pública aceptando el Acuerdo de París junto a “cada uno de sus artículos y clausulas”,  la firma oficial tuvo lugar el 19 de Febrero de 2021.

La retirada del Acuerdo por Donald Trump rechazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 que se encuentran respaldados, tanto por la comunidad internacional como por el mayor conocimiento científico jamás disponible y de otra parte el rechazo del ex presidente USA, al consenso internacional y a la cooperación, que la actual pandemia está confirmando como necesidad prioritaria, indican que las políticas de Trump tienen su origen en la órbita del “hipercapitalismo” analizado por Thomas Piketty en su obra Capital e ideología y que en opinión del profesor Stiglizt  es “cómplice del capitalismo estadounidense que ha estado marcado por una avaricia desenfrenada como confirmó ampliamente la crisis financiera del 2008”.