Cuarenta años han pasado de las reuniones claves para la elaboración y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Creó una comunidad autónoma de la nada, en una tierra que no compartía lengua ni bandera, pero que ha sido capaz en todo este tiempo de forjar su propia identidad. En aquellos meses, la región supo que la Democracia tenía que ver con la autonomía y con decidir sus prioridades.

En 1981 hubo dos reuniones estratégicas. La primera, un 21 de julio en Manzanares, y la segunda, un 3 de diciembre en Alarcón. Francisco Javier Martín del Burgo, expresidente de la Diputación en los 80 y diputado en las primeras Cortes regionales por el PSOE, habla de las dos reuniones que cambiaron el curso de la historia en el centro peninsular.

La “gran fiesta de la democracia”

‘Libertad, amnistía y estatuto de autonomía’. Fue el clamor de la España de la Transición, de Cataluña, País Vasco, pero también del resto de capitales de provincia. Martín del Burgo, que también fue diputado durante 3 legislaturas Congreso y director de la Agencia Española Antidopaje con José Luis Rodríguez Zapatero, explica que en estas tres reclamaciones sustentaron todas las fuerzas políticas el consenso.

En las primeras elecciones democráticas de 1977, la “gran fiesta de la democracia”, las calles se llenaron de pasquines de propaganda electoral, de todos los partidos, de todos los colores y de los sindicatos. Martín del Burgo destaca que “había una panoplia grandísima de partidos que confluyeron en un clima de alegría, de respeto por nosotros y por nuestras ideas”.  Pasaban de la dictadura a la democracia, y los ciudadanos “estaban expectantes al cambio”.

La construcción de la autonomía no fue cosa de un día. Fue en 1977 cuando Cuenca acogió la primera reunión de diputados nacionales, según explica este tomellosero que participó en el proceso y en su desarrollo posterior, junto a otras personalidades de la época como Blas Camacho y Miguel Ángel Martínez. El objetivo era “reivindicar la identidad de la región y su realidad socioeconómica empresarial y sus costumbres”.

La Constitución del 78 como base para la construcción de las autonomías

La herramienta legal para ser autonomía no fue otra que la misma Constitución del 78. Ahí está el origen de la construcción de Castilla-La Mancha, junto al poder político democrático que emanaba del parlamento. En su Título VIII, la Constitución, por un lado, “protegió la autonomía de la Administración Local”, para que con las nuevas comunidades “no se fagocitasen las competencias de los ayuntamientos”.

Por otra parte, la carta magna reconoció el derecho de la autonomía, tanto a las regiones históricas, País Vasco, Cataluña y Galicia, como al resto. Martín del Burgo explica que “hay que tener en cuenta que la existencia de las comunidades autónomas no se daba de facto, sino que las regiones tenían que solicitarlo, no se obligaba, sino que se exhortaba y posibilitaba”.

Así pues, fue el territorio el que, a través de las instituciones democráticas de entonces, se tuvo que pronunciar sobre si quería o no tener una autonomía. “Esto es un preámbulo fundamental, porque la autonomía no era un capricho, ni una obligación, sino un derecho que nos daba la Constitución, y que los castellano-manchegos ejercitamos al iniciar el proceso”, explica.

Los representantes del Estado centralizado impulsan el proceso

El punto de partida para toda España fue el de un Estado centralizado. Francisco Javier Martín del Burgo expresa que el país partía de la división administrativa en provincias de Javier de Burgos de 1833 y de un Estado muy centralizado heredado de la dictadura. Había un Estado central, diputaciones y municipios, y había que cambiar las reglas del juego.

Precisamente por ese centralismo, articulado a través de los gobiernos civiles y de las diputaciones, fueron diputados nacionales –del Congreso y el Senado- y provinciales los que participaron en la elaboración del estatuto que reconoció a Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Eran los que tenían la “legitimación democrática”, a través del voto del pueblo.

En el Palacio de Fuensalida en Toledo, en enero de 1978, parlamentarios de UCD, PSOE y Alianza Popular se constituyeron en asamblea de parlamentarios para empezar los trabajos dirigidos a la construcción de Castilla-La Mancha como autonomía. Entonces, comenzaron movimientos en diferentes direcciones para dar a luz a esta “hija de la Constitución”.

También hay que tener en cuenta que, “el Gobierno de Adolfo Suárez apostó porque Castilla-La Mancha tuviera un estatuto”. De hecho, se refleja en la visita que realizaron el ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, y el ministro de Educación, también jurista y profesor universitario, Íñigo Cavero, a esta provincia para dar a conocer la Constitución e impulsar la creación de comunidades.

Pasos en diferentes niveles de la administración

Desde Almagro, la iglesia de San Agustín acogió el 11 de diciembre del 78 la primera reunión del ente preautonómico, con Antonio Fernández-Galiano, que era profesor universitario de UCD en Guadalajara, como primer presidente. Allí empezaron los primeros traspasos de “funciones, no de competencias”, desde el Estado a la comunidad, por ejemplo, la gestión de las Cámaras Agrarias.

En el Congreso, se crearon comisiones de trabajo. El centro neurálgico de la democracia representativa acogió las negociaciones más relevantes. “Mutatis mutandis”, insiste Martín del Burgo, pues los cambios eran necesarios. Todos los estatutos de autonomía, explica, “tuvieron un tronco común”, y las diferencias vinieron en función de las culturas, las tradiciones, los idiomas y los territorios.

Eso sí, subraya el expresidente de la Diputación, “nunca se debía vulnerar el principio de igualdad entre los españoles y entre los territorios”, según añade, “bajo un concepto de proporcionalidad, solidaridad y equidad”. “Se puede ser diferente, pero no desigual”, apostilla, para que “el poderoso no cabalgue a lomos de un caballo veloz y el resto tengan que ir en un asno”.

Aquí hay que destacar el trabajo realizado por Miguel Ángel Martínez, que fue diputado en el Congreso desde 1977 por el PSOE y secretario general del partido a nivel regional desde 1981, y Blas Camacho, diputado en el Congreso por Ciudad Real también desde las primeras elecciones democráticas por UCD, que falleció este invierno en Madrid.

De forma paralela, los diputados decidieron iniciar el proceso autonómico en Guadalajara por el artículo 143, la vía ordinaria, a diferencia de las comunidades históricas y Andalucía, que lo hicieron por la vía rápida del 151. Los plenos de las cinco diputaciones provinciales aprobaron la creación de la comunidad autónoma y también “el 84 por ciento de los 915 ayuntamientos que había entonces”. Se opusieron solo 25 municipios y otros 126 no se pronunciaron en plazo.

Ilusión, camaradería y amor a la Democracia

Las reuniones del ente preautonómico celebradas este año tuvieron “poco” de oficiales y “bastante” de oficiosas”, porque “ni eran académicas ni institucionales”. Para todos era la primera vez que asistían a un encuentro de esa naturaleza y los lugares también eran singulares, no eran parlamentos, ni cortes, ni ayuntamientos.

Fueron grandes reuniones de personas, según destaca Martín del Burgo, “que queríamos al territorio y la democracia”. En esas convocatorias, “había ilusión, camaradería e incluso amistad entre todos nosotros, con independencia del partido al que pertenecíamos”. Su “acción política diaria” era “llegar a acuerdos” y estaban orgullosos de ser “actores de primer nivel en la transformación del país”.

“Eso estuvo presente durante bastante tiempo en la vida política española y yo lo recuerdo con especial agrado”, insiste. El expresidente de la Diputación cree que la política de hoy “es más frentista” y que hay “más ruido”. Para él “da la impresión de que se está más pendiente de derribar al adversario, nunca enemigo, que de analizar los pros y los contras de lo que se hace”.

Aunque considera que hay que denunciar los errores, Martín del Burgo echa en falta “un mayor nivel de acuerdo”, que sería necesario para “actualizar y revisar” instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. En los años 70 y 80 tampoco los políticos lo tenían fácil, unos venían de la cárcel y el exilio, y otros tenían como origen el Franquismo.

Blas Camacho: “No podemos perder otra vez el tren de la historia”

“No podemos perder otra vez el tren de la historia”. Fueron las palabras de Blas Camacho en la reunión que acogió el Parador Nacional de Turismo de Manzanares, según relata la información publicada en Lanza al día siguiente. Entre diputados provinciales y parlamentarios, de UCD, PSOE y el PCE, asistieron 161 personas.

El calor abrasador que debió hacer en aquel día de verano con temperaturas extremas, no impidió que los políticos hablaran de la composición de las Cortes regionales y de las competencias a asumir. La prensa dijo que UCD tenía “prisa” por aprobar el estatuto y que PSOE quería ir más despacio para adaptar el texto a la realidad de la región.

Fue UCD quien presentó el primer borrador del estatuto de autonomía, que se aprobó en Manzanares con 86 votos a favor. Después, la asamblea dio la aprobación definitiva en Cuenca, antes de elevar el texto a las Cortes Generales del Estado.

Madrid y Guadalajara: los conflictos del proceso

Eso sí, la construcción de Castilla-La Mancha “no fue un camino de rosas” y uno de los principales conflictos fue el territorial. ¿Qué provincias iban a integrar Castilla-La Mancha? La doctrina no estaba clara, dice Martín del Burgo, pues esta zona era “Castilla-La Nueva, y estaba integrada por Madrid, Guadalajara, Toledo, Cuenca y Ciudad Real”.

La decisión final estuvo marcada por el “equilibrio de competencias”. Guadalajara era más cercana a Madrid y a Aragón, pero sin embargo su inclusión dentro de un distrito federal capitaneado por Madrid, al que también se quisieron sumar Segovia, Ávila e incluso Toledo, hubiera producido grandes desequilibrios.

La superpoblación de Madrid, con 7 millones de habitantes en la actualidad, hubiera generado “un choque frontal en la gestión del día a día” con las otras provincias más despobladas. La “cultura del pacto” reinó y Guadalajara quedó incorporada, al igual que Albacete, que pertenecía antes a Murcia. Así, Castilla-La Mancha sumó comarcas tan dispares como la Alcarria y el Campo de Montiel.

Comunidad autónoma versus diputaciones

Sin duda, otro de los retos que tuvo que afrontar el estatuto de autonomía fue evitar los solapamientos de funciones entre la Junta de Comunidades y las diputaciones para evitar el despilfarro. Martín Del Burgo considera que “se consiguió en gran medida” y que “fuimos lo suficientemente sensatos para dejar claro quién era competente”.

El expresidente de la Diputación reflexiona que, “en un principio puede parecer que existen muchos niveles de la Administración”, pero “era importante que el pequeño municipio no se perdiera en este maremagno”. Por ello, la Administración provincial cobra todo el sentido, según la Ley de Bases de Régimen Local.

Siempre que mantengan esa “labor subsidiaria” con los pequeños municipios y no haya duplicidades, Martín del Burgo considera que las diputaciones tienen sentido. Además, apunta a una cuestión que se escapa normalmente del análisis político. A priori, la constitución de comunidades autónomas no fue obligatoria y, por otra parte, su creación podía haber sido un fracaso.

Si hubiera sucedido esta última situación, el expresidente responde que “hubiéramos pasado de forma desacertada del Estado al municipio”. En cambio, al reconocer las diputaciones en la Constitución, se hubieran podido fortalecer sus competencias en caso de fracaso. Aparte, estaban anomalías heredadas, que el tiempo ha corregido. Por ejemplo, la Diputación de Ciudad Real gestionaba la plaza de toros de la capital.

El final del proceso: la aprobación del estatuto y la presidencia de José Bono

La aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como Ley Orgánica 9/1982, con sus 54 artículos y 6 títulos, en las Cortes Generales por mayoría cualificada y su publicación en el BOE marcó la recta final del proceso autonómico. El rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo sancionaron la ley en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca el 10 de agosto de 1982. Siete días después entró en vigor.

Para entonces Gonzalo Payo Subiza, de UCD y de Toledo, ya era el segundo presidente del ente preautonómico. El siguiente fue Jesús Fuentes Lázaro, justo antes de las elecciones de 1983 y el mismo año en el que se concedió a Toledo la capitalidad de la comunidad autónoma. Martín del Burgo destaca que “el final del proceso fueron las primeras elecciones democráticas municipales y autonómicas” del 8 de mayo.

José Bono, del PSOE, se convirtió en el primer presidente autonómico en Castilla-La Mancha, el 31 de mayo de 1983, cuando las Cortes regionales celebraron su sesión constitutiva. Este día quedó a la posteridad. De hecho, está marcado en el calendario como festivo como día de la región.

El socialista ostentó el cargo hasta 2004, cuando le sustituyó José María Barreda tras aceptar el cargo de ministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero. “Fue el gobierno más longevo que hemos tenido y fue el que vertebró la región, pues todas las transferencias no se nos dieron en un día, ni en dos”, explica el exdiputado autonómico de Ciudad Real.

Las negociaciones no acabaron con el final del proceso autonómico, sino que duraron años, tanto como las comisiones mixtas de transferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno regional, que paulatinamente recibió nuevas competencias. Las más importantes fueron “la educación y la sanidad”.

Pese a que ha habido varias reformas a lo largo del tiempo, en 1991, 1994, 1997 y 2014, Martín del Burgo destaca que “el 99 por ciento del grueso del estatuto de autonomía contempló las competencias que tenemos”. Entre las que todavía no se han asumido destaca Justicia, que tampoco han reclamado otras comunidades autónomas. A través del estatuto, la región podría reclamar otras como “la gestión del agua”.

El eslogan de la comunidad: “Dar la solución a los problemas pendientes”

Desde el primer momento el eslogan de Castilla-La Mancha fue, según destaca Francisco Javier Martín del Burgo, “dar solución a los problemas pendientes”. No existía un sentido de pertenencia como castellano-manchegos, no había ni idioma común, ni dialecto propio, ni bandera identitaria, pero el Gobierno de José Bono creó esta máxima que supo aunar sentimientos comunes.

En una entrevista a Lanza por el aniversario de la Constitución Española,  el expresidente del Gobierno regional José María Barreda dijo algo parecido, que “se trataba de empezar a demostrar lo antes posible que la autonomía era útil, que servía a los ciudadanos y que iba a mejorar sus condiciones de vida”. A juicio de Martín el Burgo, el resultado “fue un éxito”.

En esta región de 79.461 metros cuadrados –la tercera más grande de España-, los consejeros y directores generales del Gobierno de Castilla-La Mancha empezaron a recorrer cada rincón. “Íbamos del despacho a la calle, por la mañana acudíamos al sur de nuestra provincia, a Almadén, y después teníamos que estar en Molina de Aragón, en Guadalajara, tras 5 horas en coche”, explica.

El ciudarrealeño señala que dedicaron “mucho trabajo y esfuerzo” para estar en contacto con el ciudadano. “Había que hacerlo”, advierte, porque había que dar solución a los problemas “sin mirar qué municipio era, qué territorio, o quién gobernaba en la provincia o en el municipio”. Pese a los claroscuros de cualquier gestión, el mensaje caló y de ahí las continuas mayorías que consiguió el PSOE en estos años.

En la actualidad, Martín del Burgo considera que “el sentimiento de comunidad y de región existe”, pero hace falta que “en los aspectos básicos toda la sociedad y la vida política vayan juntas”. “Que haya ruido cuando tenga que haberlo, porque tiene que haber discrepancias en una democracia, pero hay que ir juntos de la mano en todo lo que nos une, para poder articular acciones ante el Gobierno central”, apostilla.

Un estatuto que trajo hospitales, alta velocidad, colegios, instalaciones deportivas y universidad

“Si sobrevoláramos con un helicóptero los pueblos de aquellos años y lo hiciéramos ahora nos daríamos cuenta de cómo han cambiado los tejados. Se ha reconvertido parte del sector agrario al sector industrial, tenemos un tejido empresarial importante, tenemos ciencia e inteligencia, trenes de alta velocidad y los centros educativos no tienen nada que ver con aquellas aulas pequeñas con poca ventilación”, explica.

Cuando asumió la dirección general y la viceconsejería de Deportes con José Bono, Martín del Burgo se encontró “municipios dispersos, muchos de muy poca población y con pocas infraestructuras”. Su objetivo fue llevar instalaciones básicas a pueblos pequeños y medianos. “Un municipio de 500 habitantes tenía que tener un vaso de piscina e hicimos pabellones en los que tenían menos de 3.000”, comenta.

Bajo su punto de vista, “desde un gobierno centralizado en Madrid hubiera sido absolutamente imposible que llegaran a esos municipios las instalaciones deportivas”, y a su juicio, “era evidente que no se podían hacer, porque no existían”. Lo mismo ocurría en sanidad, en políticas sociales y con las comunicaciones.

El exdiputado nacional va más allá, pues está seguro de que, “si no hubiera existido autonomía, nadie hubiera vertebrado con AVE el trayecto Madrid-Sevilla”. Sin embargo, era una importante reclamación en el sur de la Península dar solución al elevado tránsito pesado y a la difícil circulación en coche por Despeñaperros.

Pero es que el estatuto de autonomía además permitió a Castilla-La Mancha tener una universidad. “Hasta entonces había que salir fuera para estudiar y no todos podían”, insiste, a la vez que confiesa que hace unos años propuso a varios profesores de la UCLM crear un “seminario permanente” para que los estudiantes de Derecho, Geografía o Historia conozcan este acontecimiento singular y sus escenarios.

“Acercar el problema a la solución” y crear conciencia política

A estas alturas, Francisco Javier Martín del Burgo no duda que “40 años después, ha merecido la pena el autogobierno y que podamos decidir nuestras prioridades, en vez de ser gobernados por el centralismo de Madrid”. “Se llama acercar el problema a la solución”, insiste.

Así, el estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, cuarenta años después, todavía es “un éxito colectivo”. Por ello han trabajado presidentes, consejeros y alcaldes, recalca Martín del Burgo, y pese a que en el camino “siempre pueden surgir problemas”, el texto ha sido fundamental “para el devenir de esta región” y a la hora de acercar la política a los 2 millones de habitantes que pueblan esta tierra.

Quizás por eso, por el poco interés que existía entre la ciudadanía por la política en aquella España recién salida de la dictadura, la reunión de Manzanares pasó inadvertida para la mayoría de los vecinos de la localidad y de la provincia. Así lo recuerda Miguel Ángel Pozas, exalcalde de Manzanares y en aquel tiempo concejal de la Corporación.

Aparte de los que ya hacían política en aquellos meses, de UCD y PSOE, que eran los partidos más importantes del momento, “pocas personas estuvieron interesadas en el tema”. “Afortunadamente la conciencia política ha surgido después, cuando la gente ha visto los beneficios y las bondades de la participación”, reflexiona Pozas, que celebra que hoy llevemos el título de castellano-manchegos “con orgullo”.