Al juicio ha acudido el acusado acompañado de su abogado, José Enrique Rodríguez, quien ha declarado a este diario que “el problema de las pruebas procesales y la procedencia de las imágenes solo ha quedado acreditado por la víctima y la madre”. Ambas han tenido acceso al juicio desde Colombia, donde residen desde hace dos años, a través de videollamada. Según Rodríguez, “la declaración por videoconferencia ha sido efectuada sin autoridad judicial” y según la Sala, no se habría prestado la declaración desde ninguna sede judicial en el país latinoamericano.

Así mismo, el abogado ha explicado que “han declarado desde Colombia en un cuarto”, donde han mantenido la acusación. Según el letrado ha habido “algunos cambios” y “no coinciden las declaraciones iniciales con las que se han hecho”, explicando que son “irregularidades suficientes para apelar”.

Según el escrito fiscal, D.V.G. habría comprado a la menor una tarjeta para el terminal móvil que usaría para enviarle fotos de contenido sexual. Además, habría pedido a la menor que le mandase vídeos y fotos de sus genitales y de su pecho, así como vídeos masturbándose. Como consecuencia de estos hechos, la menor habría sufrido tristeza, nerviosismo, abatimiento, ansiedad y desapego emocional. La madre de la menor interpuso denuncia por estos hechos en enero de 2020, reclamando en representación de la menor la indemnización que le correspondía.

Asimismo, la Fiscalía pide su inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad durante 5 años. Además, se enfrenta a 5 años y siete meses de prisión por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años y a la prohibición de comunicarse y aproximarse a ella a menos de 200 metros durante 7 años. Por el delito de chils grooming, el Ministerio Público pide un año y seis meses de cárcel así como la prohibición de comunicación con la menor durante 4 años, la pena de libertad vigilada de 7 años y la obligación de participar en programas formativos de educación sexual e igualdad. Por el delito de exhibición de material pornográfico a menor, se enfrenta a  10 meses de prisión y las prohibiciones de comunicarse por cualquier medio con ella.

Las penas de prisión que se impusiera serán sustituidas por su expulsión del territorio nacional una vez cumplida la duración de 5 años de cárcel y por la prohibición d entrada en España en el plazo de 6 años a contar desde la fecha de su expulsión. Además, la fiscalía mantiene la petición de indemnizar a la madre de la menor por se su representante legal con la cantidad de 6.000 euros «por las secuelas causadas a la misma».

El abogado de la defensa ha señalado que mantiene la absolución, que no se le ha ofrecido ningún acuerdo y que apelarán «cuando toque».