La vid, mayoritariamente las plantaciones de airén, fue uno de los cultivos que registró más pérdidas, una situación a la que se enfrentan los productores con un repaso rápido de lo apedreado, para evitar que la planta “coja enfermedades fúngicas”.

Son unas 3.500 hectáreas con daños, según Alcolea, desde 35% al 100 por cien. “La media de afectación es del 60%”, precisa, manifestada en fincas encharcadas de agua y frutos destrozados por las bolas del granizo.

Así, han combinado la celebración de la patrona del municipio, La Virgen de Loreto, con la corta de la uva en las zonas más lastradas, y también en otras que se han salvado, pero que tendrán una gran caída de producción, por las altas temperaturas y la sequía.

Seguro agrario

Respecto a las indemnizaciones por los fenómenos climatológicos adversos, Alcolea lamenta que solo un 50 por ciento de los productores de vino cuenten con seguro agrario, dado que “es muy caro y la gente está desencantada”. Ello significa que habrá propietarios con sus fincas afectadas y sin protección “que se han arruinado” porque “es el trabajo de todo el año”.

Respecto a la producción, el líder agrario destaca su calidad, a pesar de la falta de agua u otros fenómenos que pueden deteriorar las uvas. “Está entrando en bodega con buenas cualidades”, sostiene Alcolea.

El productor muestra su preocupación, por otra parte, por “la merma de cosecha, que será muy grande”, calculada en una horquilla de entre el 40 y el 50 por ciento menos, que no cubren los elevados costes de producción.

También los precios, según Alcolea, son muy bajos a la entrada de la uva en las bodegas, a donde se destina el 20% de la recolección -el otro 80% va a cooperativas- en esta zona. “Están más baratos que el año pasado y eso es una ruina para el campo”.

La organización agraria instó al sector industrial al principio de la campaña en la provincia -la más adelantada de la historia- “a que no se aprovechara de la situación del sector vitivinícola” con contratos abusivos, sobre todo en el ámbito de la DO Valdepeñas.

Recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria establece la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos antes de la entrega de uva a las bodegas e industrias, con precios ciertos pactos y no impuestos por el comprador. “No se puede iniciar la campaña de la vendimia sin haber firmado los contratos y poner los precios con el remolque en la báscula”, indicó la organización.