El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026 por un importe de 9.000 millones de euros, lo que supone una variación del 8,2 por ciento respecto a 2025, 686 millones más en términos absolutos, aprovechando la estabilidad política de la que goza la región para “dotarnos en plazo del principal instrumento con que contamos para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.

Así lo ha comunicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha dado en el Palacio de Fuensalida, tras la aprobación hoy en Consejo de Gobierno del límite de gasto no financiero, y en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Según Ruiz Molina, esta aprobación se produce en un “ambiente de clara incertidumbre a nivel nacional”, ya que a estas alturas se desconoce si habrá Presupuestos Generales del Estado para 2026 o se continuará con los prorrogados de 2023; no se han fijado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, ni se ha remitido propuesta por parte del Ministerio de Hacienda; y tampoco se ha publicado el informe que debe contener la estimación del crecimiento del PIB y que es la “tasa de referencia que marca la regla de gasto”.

Una vez aprobado este límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, se dará traslado inmediato a las Cortes regionales, iniciándose así el trámite parlamentario preceptivo para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero y se ofrezcan, como ha señalado el consejero, “los mimbres necesarios para continuar con la redistribución de la riqueza, lo más justa posible, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y el progreso social de la región”.

Principales magnitudes del límite de gasto no financiero

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha explicado que este techo de gasto se ha elaborado teniendo en cuenta los recursos provenientes del sistema de financiación autonómica, comunicados oficialmente por el Ministerio de Hacienda, vía electrónica a finales del mes de julio, a lo que se suma las estimaciones de lo que se espera recaudar en relación con los tributos que se gestionan en Castilla-La Mancha, y que se espera recibir vía transferencias no finalistas de la Administración del Estado o de la Unión Europea.

En base a esto, Ruiz Molina ha detallado cada uno de los componentes de este techo de gasto. El primero de ellos son los ingresos propios de carácter no financiero que, como ha indicado, ascienden a 9.117 millones, variando con respecto al anterior ejercicio en un 10,5 por ciento. De esta cifra ha remarcado que el 85,7 por ciento, es decir 7.814 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha provenientes del sistema de financiación vigente, incluyendo las entregas a cuenta para 2026, que se incrementan un siete por ciento y la liquidación de 2024 que aumenta un 23 por ciento con respecto a la prevista para 2023.

Un elevado porcentaje que, como ha indicado, pone de manifiesto la importancia que tiene para la región “abordar de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica”, y que ha enlazado con el “absoluto rechazo” al acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral del pasado 14 de julio entre el Gobierno central y la Generalitat, en relación con una financiación singular para Cataluña, que ha calificado de “injusto e insolidario”, ya que afecta a todas las comunidades autónomas, sin contar con ninguna de ellas, y que es “un ataque frontal al principio de igualdad entre españoles y españolas”.

Asimismo, ha precisado, que el 14,3 por ciento restante, es decir, 1.303 millones “se corresponde con el resto de los ingresos no financieros”; del que ha resaltado dos partidas. La primera es lo que se ha presupuestado que correspondería a la región por el reparto del impuesto a la Banca en función del PIB, unos 60 millones, un criterio “ilegal e injusto, que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional”; y la segunda, es lo que se estima que se ha recaudado por la ejecución del programa FEDER 2021-2027, unos 217 millones. En este sentido, ha señalado que, si se eliminan estos dos conceptos, la previsión de crecimiento medio sería del 3,5 por ciento en el resto de las partidas de ingresos, pero siempre dentro del criterio de “prudencia”.

En relación con el segundo componente, y con independencia de la senda de déficit que se pueda fijar para las comunidades autónomas, el Gobierno de Castilla-La Mancha, tal y como ha explicado el consejero se ha fijado como objetivo para 2026 el “equilibrio presupuestario, déficit 0, es decir, no incrementar el endeudamiento de la comunidad”. Ya que, este incremento supondría “tener que soportar en los próximos años un incremento del gasto en intereses, mermando así la capacidad económica de la región para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía”.

Por este motivo, desde el Ejecutivo de García-Page se ha fijado como objetivo “seguir reduciendo la carga de intereses”, como ya se viene haciendo a través de la refinanciación de la deuda, sustituyendo préstamos a tipo de interés alto por los de interés mucho más bajo, para, en ese tiempo ahorrar unos 170 millones de euros, “que se han podido destinar a financiar los servicios públicos fundamentales”.

De ahí, ha continuado, la importancia que se le da desde Castilla-La Mancha a la condonación de la deuda, “ha sido una reivindicación histórica” y que se aprueba hoy en Consejo de Ministros. Una condonación que supone para la región una reducción de la deuda de 4.927 millones, un 40 por ciento de la deuda que manteníamos con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y que va a suponer un ahorro de intereses para los próximos años de 760 millones”. 

Se va a tratar, por tanto, de presentar un presupuesto equilibrado que se va a hacer compatible con “la congelación de la presión fiscal y con el incremento del gasto social, principalmente el relacionado con pilares que sustentan el Estado del Bienestar”. Y finalmente, la última magnitud de este techo de gasto son los ajustes de contabilidad nacional, necesarios para expresar las cuantías presupuestarias en términos de contabilidad nacional, y que según ha indicado, para 2026 está previsto que resten 128 millones de euros.

Un escenario macroeconómico positivo para Castilla-La Mancha

Se trata por tanto de un límite de gasto no financiero, que según ha indicado Juan Alfonso Ruiz Molina se ha elaborado en el marco de un “escenario macroeconómico positivo” tanto para España como para la región, reflejado en los informes de los principales servicios de estudios, que estiman un crecimiento sostenido de la economía regional desde el inicio de la legislatura y que se prevé que continue hasta 2027.

Unos datos a los que, como ha explicado hay que sumar una contención de la inflación que, según los últimos registros del mes de julio en Castilla-La Mancha es del 2,4 por ciento, tres décimas menos que a nivel nacional, y que se va a ver acrecentado “por el clima de estabilidad que impera en nuestra comunidad y que se refleja en muchos indicadores económicos”.

Esto supone que, en términos de previsiones, el 2025 se espera que vaya a finalizar con un incremento del PIB en términos reales del 2,4 por ciento; mientras que para el 2026, se ha estimado un crecimiento del PIB regional en términos reales del 1,9 por ciento, y que “está en consonancia” con lo que estiman los servicios de estudios más reputados, como BBVA, Hispalik o Unicaja, y que cuenta con el respaldo de la Autoridad Independiente (AIReF), que pone en valor la metodología utilizada, “suponiendo un reconocimiento al rigor con el que desde el Gobierno regional se trabaja a la hora de administrar los recursos”.

En esta línea, Ruiz Molina, ha puesto de relevancia la “prudencia” con la que desde el Gobierno regional se están haciendo estas proyecciones, pese a la situación de inestabilidad internacional, debido al impacto de las políticas arancelarias. Pese a ello, se trata de unas previsiones, que según ha dicho están avaladas principalmente por indicadores como el comportamiento del empleo; la inversión extranjera; el crecimiento de las exportaciones; los buenos datos del sector turístico o de creación de empresas.

Y, en cualquier caso, y como principal referencia por la posición de Castilla-La Mancha en el ranking del Índice de Confianza Empresarial, con diez puntos, encabezando junto a Cantabria este indicador, “reflejo del ambiente de estabilidad en el que nos encontramos, así como del estado de ánimo de nuestros empresarios y de su certidumbre en nuestra política económica”.

El responsable de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha cerrado su intervención recordando que este techo de gasto, desde un punto de vista financiero es prudente en cuanto a las estimaciones; y que no apela al endeudamiento, al ser un presupuesto “déficit cero”. Y desde un punto de vista político va a permitir, afrontar “prioridades y compromisos adquiridos con la ciudadanía”; así como, fortalecer la cohesión social de la región con la consolidación del Estado del Bienestar; contribuir a su crecimiento económico, mediante el impulso de la actividad empresarial; hacer frente al reto demográfico, y favorecer la sostenibilidad y la competitividad desde la transición ecológica y la transformación digital, ejecutando con eficacia y rapidez los fondos europeos de recuperación asignados a nuestro territorio.