Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.846 suicidios en el país —2.834 hombres y 1.012 mujeres—, lo que supone más de diez muertes diarias. Aunque la cifra es un 6,6% menor que en 2023, CSIF advierte de que el problema sigue siendo alarmante y, en muchos casos, está directamente relacionado con factores laborales como el estrés crónico, el acoso, la presión excesiva, la precariedad o la falta de apoyo emocional en el trabajo.

Los colectivos más expuestos son, según el sindicato, profesionales de la sanidad, cuerpos de seguridad, emergencias, docentes, trabajadores sociales y personal penitenciario. Sin embargo, CSIF denuncia la ausencia de protocolos específicos en empresas y administraciones para prevenir estas situaciones y señala la escasa implicación de las mutuas y servicios de prevención en la protección de la salud mental de las plantillas.

Entre las medidas que la organización reclama figuran la inclusión de la profesión en los registros nacionales de suicidio, la incorporación del riesgo de suicidio en las evaluaciones de riesgos laborales, la creación de comisiones de salud mental en los centros de trabajo y la implantación de recursos gratuitos y confidenciales de atención psicológica. También pide reforzar la formación de delegados sindicales, mandos intermedios y responsables de recursos humanos para detectar señales de alarma, así como mejorar las condiciones laborales reduciendo la sobrecarga, fomentando la conciliación y garantizando entornos libres de violencia.

CSIF valora positivamente el Plan Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2027, pero critica que apenas contemple el ámbito laboral y que se haya elaborado sin una implicación real de los agentes sociales. Por ello, exige participar en la mesa de seguimiento, mayor presupuesto y una coordinación efectiva entre Inspección de Trabajo, Sanidad, Justicia y las mutuas.

“La salud mental es un derecho, no un privilegio”, subraya la organización, que llama a empresas, administraciones y a la sociedad en su conjunto a trabajar en red para proteger la vida y construir entornos laborales seguros y saludables.