Las organizaciones ASAJA y UPA Castilla-La Mancha han anunciado la convocatoria de una manifestación en Toledo el próximo 29 de enero para dar voz al malestar de agricultores y ganaderos de la región, afectados —según denunciaron— por una acumulación de problemas que ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y el futuro del medio rural.

La movilización fue presentada este martes en rueda de prensa por el presidente de ASAJA CLM, José María Fresneda, y el secretario general de UPA CLM, Julián Morcillo, quienes explicaron que la protesta se desarrollará bajo el lema “Mentiras no, soluciones sí”, con el apoyo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y otras entidades del sector.

Durante su intervención, Fresneda advirtió de la gravedad de la situación que atraviesa el campo regional y alertó de que están en riesgo tanto la capacidad productiva como la soberanía alimentaria, aludiendo a decisiones políticas que, a su juicio, perjudican al sistema productivo agrario.

Rechazo a los recortes de la PAC

Uno de los principales motivos de la movilización es el rechazo frontal a los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027 y a su posible integración en un fondo único europeo. ASAJA y UPA han advertido de que una reducción presupuestaria de entre el 20 y el 30 % tendría consecuencias irreversibles para miles de explotaciones, especialmente en sectores estratégicos para Castilla-La Mancha.
Ambas organizaciones defienden una PAC fuerte y verdaderamente común, que priorice al agricultor y ganadero profesional, garantice precios justos y asegure la seguridad alimentaria en Europa.

La política comercial de la Unión Europea es otro de los ejes de las reivindicaciones. ASAJA y UPA mostraron su rechazo a acuerdos como el tratado UE–Mercosur si no se garantiza la reciprocidad en las condiciones de producción. Denuncian que la entrada de productos de terceros países, elaborados con normas más laxas, genera competencia desleal y pone en riesgo sectores sensibles del campo regional. Por ello, reclaman controles efectivos en frontera, cláusulas de salvaguardia ágiles y una protección real de los productos comunitarios.

Exceso de burocracia y altos costes

Las organizaciones agrarias también denunciaron la excesiva burocracia que soporta el sector, con un volumen creciente de trámites y controles que —aseguran— reducen la competitividad y desincentivan la incorporación de jóvenes agricultores. Reclaman una simplificación normativa real, mayor seguridad jurídica y un marco regulatorio estable.
A ello se suma el incremento continuado de los costes de producción, como la energía, fertilizantes, gasóleo, maquinaria y mano de obra, que no puede repercutirse en los precios percibidos. ASAJA y UPA exigen medidas para garantizar que los precios cubran los costes reales.

La ganadería ocupa un lugar destacado entre las reivindicaciones, especialmente por la crisis de sanidad animal derivada de la expansión de la lengua azul y otras enfermedades. Las organizaciones reclaman medidas urgentes, compensaciones económicas reales y un plan estratégico regional que incluya ayudas estructurales, vacunación gratuita y una respuesta eficaz ante futuras crisis.

Agua, fauna y zonas protegidas

El sector agrario también exige que la gestión del agua sea una prioridad estratégica, con la resolución de expedientes pendientes, criterios científicos únicos sobre la disponibilidad del recurso y una política hidráulica basada en inversiones y modernización de infraestructuras.
Asimismo, reclaman planes efectivos de control de la sobrepoblación de conejos y una gestión clara de las zonas ZEPA que garantice la viabilidad de las explotaciones.

ASAJA y UPA concluyeron señalando que la manifestación del 29 de enero pretende ser un llamamiento firme a las administraciones para que adopten medidas inmediatas y eficaces, y también a los consumidores, a quienes piden que apuesten por alimentos saludables y apoyen a quienes los producen.