El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 con un total de 27.232 plazas en la Administración General del Estado, a las que se suman refuerzos extraordinarios frente a la emergencia climática. La medida, según recoge la nota de prensa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, apuesta por la digitalización, la mejora de los servicios públicos y el refuerzo de áreas estratégicas.

Entre las principales novedades destaca la convocatoria de 1.700 plazas en cuerpos tecnológicos, un 42% más que en la oferta anterior, con especialidades como Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Además, por primera vez se incorporarán pruebas específicas por especialidad para captar perfiles altamente cualificados.

La oferta global incluye 26.886 plazas ordinarias —20.541 de turno libre y 6.345 de promoción interna— junto a 346 plazas extraordinarias destinadas a la emergencia climática, dirigidas a perfiles como meteorólogos o ingenieros forestales. En conjunto, la convocatoria permitirá la creación de 6.200 empleos netos.

Refuerzo de áreas estratégicas y servicios públicos

La OEP 2026 prioriza la dotación de personal en ámbitos considerados clave, como la transición ecológica, la prevención de emergencias climáticas, las infraestructuras o la seguridad pública. En este sentido, se contemplan 852 plazas vinculadas al ámbito ecológico, 601 para mejorar infraestructuras y 1.589 para reforzar la seguridad y la defensa.

Asimismo, la oferta refuerza la atención a la ciudadanía con mejoras en una red de 3.200 oficinas públicas en todo el país y prevé una oferta récord en sanidad, con más de mil plazas en hospitales y centros de salud del Estado. También se incluyen medidas para el ámbito educativo y la promoción profesional.

Impulso a la digitalización y mejora de los procesos

Según el comunicado oficial, el objetivo del Ejecutivo es avanzar hacia una administración más eficaz mediante la digitalización de procedimientos y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas del personal público. Para ello, se incorporarán módulos obligatorios de Inteligencia Artificial y herramientas de datos en los procesos selectivos.

Además, se introducirán medidas para mejorar la cobertura de plazas, como informes obligatorios en procesos con baja ocupación, la agilización de las convocatorias —con un límite de un año— y la descentralización de pruebas en distintas sedes del territorio.

La oferta mantiene el cupo del 10% reservado a personas con discapacidad, con un total de 2.689 plazas, consolidando así una política de empleo público orientada a la inclusión y al relevo generacional en la Administración.