Según ha informado el sindicato en un comunicado, CSIF ha registrado una solicitud en la que reclama al Gobierno regional el establecimiento de una agenda de reuniones con plazos concretos para avanzar en la implantación efectiva de este derecho, recogido tanto en la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha como en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero que aún no se ha desarrollado en la Administración General de la comunidad autónoma.

Una reivindicación histórica

El sindicato considera que, tras la recuperación de este derecho en el Sescam y su implantación en la mayoría de comunidades autónomas, ha llegado el momento de abordar una reivindicación histórica de los trabajadores públicos de la Junta. La carrera profesional permite valorar aspectos como la experiencia, la formación, la evaluación del desempeño y la progresión profesional.

El presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha señalado que la mayoría de administraciones públicas ya disponen de sistemas de carrera profesional, mientras que los empleados de la Junta continúan sin este mecanismo de reconocimiento y desarrollo profesional. A su juicio, se trata de una herramienta "esencial para modernizar las administraciones públicas, mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía y reconocer el compromiso y la dedicación de los empleados públicos".

Negociación con plazos concretos

CSIF subraya que los empleados públicos de Castilla-La Mancha llevan años reclamando un sistema "objetivo, transparente y justo" que reconozca su trayectoria profesional y su contribución al funcionamiento de los servicios públicos.

Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de abrir una negociación específica para diseñar un modelo de carrera profesional "progresivo, sostenible y adaptado" a las necesidades de la Administración regional y de sus trabajadores, acompañado de un calendario de trabajo con fechas concretas que permita avanzar en la implantación efectiva de este derecho.

Joaquín Sánchez concluye que la carrera profesional "no puede seguir siendo una asignatura pendiente" para la Junta de Comunidades y defiende que su puesta en marcha supone una cuestión de justicia para los más de 14.000 empleados públicos que, afirma, han demostrado durante años su profesionalidad y compromiso con los servicios públicos de Castilla-La Mancha.