La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha volverá a salir a la calle el próximo 27 de septiembre para reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se preste dentro de la sanidad pública regional. Bajo el lema «Abortar es un derecho. La sanidad pública debe garantizarlo», las organizaciones feministas, sindicales y de derechos humanos denuncian que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan siendo derivadas a centros privados para acceder a esta prestación.

Según ha comunicado la Plataforma, esta situación genera desigualdades en función del lugar de residencia, la situación económica o las circunstancias personales de cada mujer. Los desplazamientos, los gastos asociados, los permisos laborales o la necesidad de contar con acompañamiento pueden dificultar especialmente el acceso para quienes viven en zonas rurales o se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La organización reclama que el aborto deje de prestarse mediante derivaciones a la sanidad privada y que se configure una red pública integrada en el SESCAM, con recursos disponibles en todas las provincias y áreas sanitarias.

Reclaman una red pública en todas las provincias

La Plataforma considera insuficiente el anuncio de la creación de un centro público para toda Castilla-La Mancha. A su juicio, un único recurso no garantiza que la prestación pueda realizarse de forma próxima al domicilio de las mujeres.

Por ello, pedirá a la Junta de Castilla-La Mancha que concrete qué centros ofrecerán el servicio, cuándo comenzará a funcionar, con qué profesionales contará y cómo se garantizará la atención en las distintas provincias y áreas sanitarias.

Los datos incluidos en el comunicado sitúan la dimensión de la situación: el 100 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha en 2024 se practicaron en clínicas privadas. Además, la Plataforma señala que alrededor del 60 % de las mujeres que han abortado en la región durante los últimos 15 años tuvieron que desplazarse fuera de Castilla-La Mancha.

La organización reclama también al SESCAM información pública sobre el número de profesionales objetores, los recursos disponibles, las derivaciones y el calendario para implantar la prestación en la red pública.

Entre sus reivindicaciones figuran una red pública de IVE en todas las provincias, un calendario de implantación concreto, recursos y profesionales suficientes, transparencia sobre la prestación, información accesible para las mujeres y medidas de protección frente al acoso y la intimidación en los centros sanitarios.