El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este miércoles dos medidas que afectan a la gestión del medio natural y al sistema de dependencia de la región. En su reunión semanal, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde al nuevo reglamento de caza, coincidiendo con el inicio de la temporada cinegética, y ha reformado la normativa de dependencia para adaptar la atención a las personas con ELA avanzada y otros procesos de alta complejidad.

Según ha informado la consejera Portavoz, Esther Padilla, el nuevo reglamento de caza pretende simplificar trámites, facilitar la gestión de los cotos y compatibilizar el aprovechamiento cinegético con la conservación de la biodiversidad. El Gobierno regional cifra en más de 963 millones de euros anuales el impacto económico de la actividad cinegética en Castilla-La Mancha y en más de 21.000 los empleos vinculados al sector.

Entre las novedades figura un procedimiento para incorporar a los cotos determinadas parcelas cuyos propietarios son desconocidos o no pueden ser localizados, con garantías de información mediante anuncios en los ayuntamientos, el BOE y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. También se simplifica la renovación de los planes de ordenación y se incorporan herramientas de gestión electrónica y trazabilidad.

El reglamento establece además medidas para afrontar situaciones de sobreabundancia de especies y regula las comarcas de emergencia cinegética y los planes específicos de control cuando las actuaciones ordinarias resulten insuficientes.

Protección de la alondra ricotí

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el plan de recuperación de la alondra ricotí, una especie amenazada. Las áreas críticas para su supervivencia en Castilla-La Mancha serán declaradas zonas sensibles y el ave se incorporará al catálogo regional de especies amenazadas como especie en peligro de extinción.

Nuevo grado III+ para personas con ELA

En materia social, el Ejecutivo autonómico ha aprobado la adaptación de la normativa de dependencia a la legislación estatal sobre ELA. El decreto incorpora el grado III+ de dependencia extrema, dirigido a personas con ELA avanzada y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y carácter irreversible.

Las prestaciones destinadas a contratar ayuda a domicilio o asistencia personal podrán alcanzar los 9.859 euros mensuales, mientras que se garantiza un mínimo de 3.200 euros para quienes contraten al menos 150 horas mensuales de atención.

El Gobierno regional prevé destinar 3,7 millones de euros al año a estas medidas, que podrían beneficiar a unas 50 personas anualmente. Además, las personas con grado III+ podrán compatibilizar, en los supuestos previstos, la atención profesional con la prestación para cuidados en el entorno familiar.

La reforma también simplifica el reconocimiento del nuevo grado, mejora los efectos económicos de las prestaciones y amplía hasta seis meses el plazo para justificar determinados gastos.

El sistema de dependencia de Castilla-La Mancha atiende actualmente a más de 83.000 personas y sus familias, según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.