La situación obligó a la médica a activar el código de agresión y el botón del pánico. La vigilante de seguridad intervino para contener a la paciente y, finalmente, fue necesaria la presencia de cuatro agentes de la Guardia Civil para asegurar el centro y restablecer el orden.

El sindicato considera especialmente preocupante el episodio porque se produce en un centro cuya conflictividad, sobrecarga asistencial y condiciones de seguridad ya habían sido trasladadas a la Administración.

Precisamente, CSIF participó el pasado martes en una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud del Área Mancha Centro, convocada a petición del sindicato para abordar específicamente la situación del centro de salud Tomelloso II. La organización reclamó medidas relacionadas con la seguridad, la prevención, la organización asistencial, la carga de trabajo y la protección de los profesionales frente a las agresiones.

«El martes llevamos la situación de Tomelloso II al Comité de Seguridad y Salud y reclamamos medidas concretas. Hoy tenemos que denunciar una nueva agresión», señala el delegado de CSIF Sanidad en el Área Mancha Centro, Alberto Rosales, que reclama acelerar las actuaciones y advierte de que estas situaciones «no se pueden normalizar».

Sobrecarga asistencial y zonas sin videovigilancia

Según el escrito elaborado por el coordinador médico del centro, en el momento de los hechos la facultativa atendía simultáneamente su propia agenda, el cupo de una plaza vacante y los pacientes que acudían sin cita. CSIF considera que esta situación de sobrecarga favorece las demoras y puede incrementar la tensión en las consultas.

El sindicato también señala deficiencias en la seguridad del edificio. En concreto, denuncia la existencia de dos pasillos ciegos sin cámaras de videovigilancia, que dejan especialmente expuestos a los profesionales que trabajan en esas zonas.

Entre las medidas reclamadas a la Gerencia de Tomelloso figuran disponer de un facultativo exclusivo para atender a los pacientes sin cita, reducir la sobrecarga asistencial y establecer un protocolo claro para actuar ante usuarios conflictivos. También pide que un profesional agredido no tenga que volver a atender a su agresor y reclama cámaras en los puntos vulnerables, una evaluación de riesgos laborales y el refuerzo de las medidas de protección, incluidas mamparas de seguridad en la zona administrativa.

Rosales admite que la situación no puede resolverse de forma inmediata, pero reclama que las actuaciones se aceleren y que la Gerencia concrete qué medidas adoptará y en qué plazos.