La familia que forman el matrimonio entre Juan Amador y María José Jiménez y sus cuatro hijos, vive en la Urbanización Pérez Galdós, ubicada entre las calles del mismo nombre y Joaquín Cosa. Lourdes Visús de la PAH de Tomelloso que se ha personado en la vivienda afectada y ha realizado gestiones encaminadas a paralizar el desahucio, ha explicado a La Voz de Tomelloso que “esta familia tenía contratado un alquiler con una persona particular, pero esta persona dejó de pagar y le quitaron la vivienda. La familia siguió pagándole a esta persona porque no lo sabían, hasta que les llegó una citación y  se enteraron. Pero en cualquier caso, el banco los desahucia, no es una ejecución hipotecaría como tal, sino que es por usurpación ya que ocupan una vivienda que no es suya, es decir desahucian a la familia por ocupas y el proceso además va por lo penal”. 

Cuando la familia acudió a la asamblea de la PAH a exponer su delicada situación, los responsables de la Plataforma empezaron a moverse. “Pedimos unos aplazamientos en el Juzgado que no fueron fructíferos, -asegura Visús-, y la ejecución del desahucio estaba previsto para hoy a las once de la mañana. Es entonces cuando decidimos ponernos en contacto con Naciones Unidas y les presentamos toda la documentación del caso. Su respuesta es que el desahucio debe suspenderse al tratarse de una  familia con cuatro menores. Sin embargo, cuando hemos ido al Juzgado a trasladar esta postura de Naciones Unidas el Juez la desoye y dice que sigue adelante. Mientras tanto, la abogada de oficio solo ha conseguido que el desahucio en lugar de ser a las once, sea a las una, dos horas más tarde, con la obligación de entregar las llaves en el Juzgado”.

En el escrito Visús ha mostrado a este medio, Naciones Unidas pide al Estado que adopte medidas con el fin de evitar posibles daños irreparables a esta familia y suspenda el desahucio hasta no se les de una vivienda alternativa adecuada. “Simplemente, les pide que se esperen hasta que esta familia tenga una alternativa habitacional, porque de lo contrario se van a la calle, así de crudo y duro. Solo piden tiempo”. La familia tiene solicitada una vivienda social desde el año 2012.

A medida que ha ido avanzando la  mañana se han producido algunas novedades que, aunque no solucionan el problema, sirven para ganar algo de tiempo. Así, gestiones realizadas por la PAH con la entidad bancaria propietaria de la vivienda, el BBVA, han desembocado en tres días más de plazo, con lo que el desahucio se ejecutaría el próximo lunes. Igualemente se ha conseguido que Servicios Sociales sufrague diez noches para pernoctar en un hostal y tres meses de alquiler social, que según Visús, “es solo uno porque siempre obligan a anticipar dos meses en concepto de fianza”.