En un comunicado de prensa, la Federación de Empleados y
Empleadas públicos de UGT en Ciudad Real ha acusado a la concejala de Personal
del Ayuntamiento de Tomelloso, Montse Moreno, de haber faltado a la verdad
negando los despidos de 11 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.
El sindicato señala que el despido ha sido declarado
improcedente por el Juzgado de lo Social nº 3 de Ciudad Real y el Ayuntamiento
ha optado por la indemnización, en lugar de la readmisión de las trabajadoras,
lo que ha provocado que se declare extinguida la relación laboral, según dice
el auto.
Por este motivo Javier Román, secretario general de la
FeSP-UGT no entiende que la edil niegue la evidencia, “ya que si acudimos tanto
a la redacción del artículo 15.1 y 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, las
trabajadoras podían adquirir su condición de fijeza porque reunían los
requisitos que establecía la ley, porque que en ambos apartados del citado
artículo se recoge esa posibilidad”. Y lo que han hecho las trabajadoras, según
Román, ha sido “reclamar al ayuntamiento para que les regularice su situación”.
En este sentido el responsable sindical ha matizado que lo
que no se esperaban las trabajadoras es que el Ayuntamiento optara por el
despido cuando el Consistorio Municipal regularizó el año pasado a 80
trabajadores, con aplicación del artículo 15.1, pero también lo ha hecho con
otros en aplicación del artículo 15.5 del E.T, “trabajadores que también han
denunciado a través de este sindicato”, ha informado secretario general de FeSP
UGT Ciudad Real.
Román también ha querido recordar al equipo de Gobierno
municipal que a pesar de que el 29 de junio de 2017 se modificó la ley por parte
del Gobierno Central, impidiendo a cualquier administración transformar
contratos temporales en indefinidos, antes de que entrara en vigor dicha ley se
solicitó la regularización de todos los que cumplían los requisitos legales
pero se regularizó a unos si y a otros no, “discriminando a unos trabajadores
frente a otros”. Por lo que- ha matizado- “más que una cuestión legal es una
cuestión de voluntad política en la que los derechos de los trabajadores
deberían de haber sido la prioridad”.
En lo que se refiere a la afirmación de la responsable
municipal en la que decía que dos de las trabajadoras siguen prestando
servicios con el ayuntamiento, por lo que no puede considerárseles despedidas,
desde UGT también se ha calificado de incierto- ya que según se ha informado-
“lo que ha hecho el ayuntamiento es extinguir la relación laboral con el
objetivo de que las trabajadoras no adquieran la fijeza que tenían y ahora se
les ha llamado de una bolsa de trabajo para cubrir una vacante de baja por
enfermedad, ya que con esa figura jurídica, tal y como recoge el E.T, no pueden
adquirir la condición de fijeza”.
Por último Román ha reprochado al Ayuntamiento que haya
gastado de las arcas municipales en torno a los 20.000 euros para indemnizar a
estas trabajadoras, cuando- según ha dicho- si se hubieran optado por la
readmisión se hubieran ahorrado unos 14.000€, motivo, por el que ha vuelto a
recordar que revertir esta situación sería lo más justo y coherente “ya que el
PSOE debería dar ejemplo en el respeto a los derechos de los trabajadores” ha
concluido.
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Sábado, 20 de Abril del 2024
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