CCOO ha advertido a los empresarios de Castilla-La Mancha que las 139.000 horas extra "ilegales" que se realizan cada semana en la Comunidad Autónoma, "tienen sus días contados", ya que en la región hay 33.000 personas que se ven obligadas a hacer semanalmente horas extra ilegales, no remuneradas y no cotizadas, que equivalen a 4.900 contratos a tiempo completo".

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse en breve sobre la adecuación de la legislación española a las directivas europeas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo, "y todo apunta a que la respuesta será negativa".

"La Comisión Europea acaba de remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus 'observaciones' al respecto, que dan la razón a CCOO. Estamos convencidos de que el Tribunal exigirá al país que garantice que las empresas respetan el tiempo legal de trabajo, obligando a las empresas a implantar registros para controlar e impedir la prolongación no voluntaria de jornada de sus trabajadores", apunta.

"Las horas extras ilegales, tan habituales en nuestro país y en nuestra región, tienen sus días contados", ha señalado la secretaria de Empleo de CCOO en la región, María Ángeles Castellanos.

Para el sindicato, España "carece de mecanismos eficaces para controlar e impedir las prolongaciones ilegales de jornada" y es que "la propia Inspección de Trabajo viene demandando reiteradamente la implantación en las empresas de registros que dejen constancia de la jornada laboral que realiza cada trabajador y permitan comprobar que el tiempo real de trabajo se corresponde con el legalmente establecido, declarado y cotizado".

"En el marco de la cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional ante el Tribunal por la posible contradicción entre la legislación española y las directivas europeas sobre tiempo de trabajo y seguridad y salud de las y los trabajadores, la Comisión Europea como institución que adoptó dichas directivas ha presentado sus observaciones al Tribunal".

En sus 'observaciones', fechadas el 19 de julio, la Comisión ha respaldado el argumento de CCOO de que la legislación nacional española, interpretada por el Tribunal Supremo, "no garantiza los derechos de los trabajadores y contraviene las directivas europeas relativas a la ordenación del tiempo de trabajo".

"En particular, la Comisión tiene dudas respecto de la eficacia de los medios de control previstos en el ordenamiento jurídico español para garantizar que la duración máxima del tiempo de trabajo y los períodos mínimos de descanso son respetados por los empleadores", ha explicado Castellanos.

En este sentido, para la Comisión, el sistema actual es "a todas luces deficiente, ya que deja íntegramente en las manos del empleador el registro de la realización, o no, de horas extraordinarias y no permite ni a los trabajadores, ni a sus representantes legales, ni a las autoridades laborales fiscalizar que la duración máxima del tiempo de trabajo y el tiempo de descanso son respetados".

De esta forma, según el sindicato, "se le está dando al empleador la posibilidad y facilidad de restringir los derechos de trabajadores y trabajadoras, en contra de lo dispuesto por las directivas europeas".

En la práctica, esta posibilidad que ofrece la legislación española a los empresarios se traduce en jornadas "que no respetan los tiempos mínimos de descanso, en la infracotización a la Seguridad Social del tiempo real de trabajo en contratos a jornada parcial o en miles de horas extra realizadas y no pagadas, horas que en Castilla-La Mancha tienen un coste estimado de más de cuatro millones de euros a la semana y que equivalen a más de 4.900 contratos a tiempo completo".

Además, con el sistema actual son los trabajadores "los que en caso de reclamación judicial soportan la carga de la prueba de las horas extraordinarias individual y efectivamente realizadas, y en opinión de la Comisión, la inexistencia de un registro oficial de la jornada de trabajo sobre el que basarse hace extremadamente difícil, si no imposible, el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión".

"Esta realidad legislativa dificulta que las más de 33.000 personas que en la región hacen horas extra no pagadas puedan recuperar los salarios que les corresponden al igual que dificulta que las Seguridad Social pueda reclamar los millones de euros que se dejan de cotizar con los tiempos de trabajo no declarados", ha destacado".

Por ello, tras las 'Observaciones' de la Comisión, CCOO confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie en el mismo sentido y su pronunciamiento "obligue a las empresas a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva de trabajo, lo que será el principio del fin de las horas extras ilegales".